Los cargos disciplinarios contra Javier Alejandro Gaviria Murillo son por presuntas irregularidades en la contratación durante su etapa como exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, en el año 2019.
El ente de control acusó a Gaviria de fraccionar contratos que superaban los $120 millones, lo que habría permitido evitar los procedimientos de selección abreviada y realizar contrataciones directas, infringiendo la normativa vigente.
Según la Regional de Instrucción de Risaralda, el exgerente celebró dos contratos bilaterales que, en conjunto, excedieron los límites establecidos por la ley.
El primero de estos acuerdos fue suscrito por aproximadamente $115 millones, a los cuales se le adicionaron más de $9 millones, mientras que el segundo contrato alcanzó cerca de $170 millones. De esta manera, el monto total superó el tope permitido para la contratación directa.
La Procuraduría señaló que Gaviria Murillo, en su calidad de ordenador del gasto, aparentemente omitió aplicar el proceso de selección objetiva exigido en estos casos y fragmentó los contratos con el propósito de eludir los procedimientos legales, lo que constituye una falta disciplinaria.
Además, el órgano de control afirmó que esta conducta podría representar una violación a los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la función pública.
La calificación provisional de la Procuraduría considera las acciones de Gaviria Murillo como faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias significativas si se llega a comprobar su responsabilidad en estos hechos.
Este caso se suma a una serie de investigaciones en el sector salud, evidenciando la preocupación por las prácticas irregulares en la contratación pública, que afectan directamente los recursos destinados a la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, dice un comunicado de prensa de la Procuraduría.
