La Policía le atribuye ingresos millonarios por la venta y distribución de estupefacientes en varios sectores.
Durante ocho meses, los investigadores documentaron al menos 34 transacciones de estupefacientes en diferentes puntos de Marsella, Risaralda. Los presuntos delincuentes operaban entre el barrio La Aurora, el hospital, la galería y una institución educativa.
El seguimiento permitió identificar a ocho personas que, según autoridades, cumplían funciones diferenciadas dentro de la presunta estructura delincuencial. Ninguno de los capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y un juez ordenó enviarlos a prisión.
La investigación señala a Andrés Julián Valencia Vidarte, conocido como ‘El Negro’, de ser el presunto jefe y coordinador. De acuerdo con el informe oficial, este hombre, de 23 años, se encargaría de recoger el dinero producto de la comercialización de sustancias.
Durante el procedimiento, las autoridades reportaron la incautación de dinero en efectivo y varias dosis de estupefacientes.
En un segundo nivel estaría Jorge Iván Cárdenas Meza, alias ‘Barroso’, a quien la Policía identifica como supuesto segundo al mando.
Por debajo de esa posición, los investigadores ubican a varias personas que presuntamente participaban en la distribución directa de las sustancias.
Entre ellas aparecen Nicolás Grajales Ospina, alias ‘Nico’; Juan Camilo Gálvez Correa, conocido como ‘Peludo’ o ‘La Burra’; y Juan Manuel Suaza Castañeda, alias ‘Gusano’.
El expediente también vincula con labores de venta a Samuel Marín Taborda, alias ‘Chamuco’, de 19 años; y Kevin Andrés Robledo, conocido como ‘Goku’, también de 19.
El octavo investigado es Juan Fernando Flórez Ospina, alias ‘Juanfer’, de 21 años. Las autoridades le notificaron la actuación judicial mientras permanecía privado de la libertad por otros hechos.
Los puntos de venta
Según la Fiscalía, las transacciones ocurrieron entre enero y agosto de 2026, principalmente en el barrio La Aurora y sectores próximos al hospital y la Galería.
La Policía agregó que los puntos de comercialización cambiaban de ubicación y señaló presuntas ventas cerca de un establecimiento educativo, incluso en presencia de menores.
La Policía calcula que la presunta actividad ilegal habría generado alrededor de $60 millones mensuales. La cifra corresponde a una estimación institucional sobre los ingresos atribuidos a la estructura y no a un monto establecido mediante una condena.
Antecedentes judiciales
El reporte policial afirma que los ocho investigados registraban antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
La Fiscalía imputó, según la presunta participación individual, delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.
Ninguno aceptó los cargos y el juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
