Habría intervenido en la orientación de proyectos, selección de contratistas y destinación de presupuestos para obras en municipios.
La condena no cierra la historia. En virtud de un principio de oportunidad, Juan Carlos Martínez Rodríguez deberá declarar como testigo de cargo en otros procesos relacionados con hechos de corrupción que conoció durante su participación en la estructura.
Martínez Rodríguez hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del fallecido senador Mario Alberto Castaño Pérez, estructura que, según la investigación de la Fiscalía, habría intervenido en el direccionamiento de contratación pública en diferentes departamentos del país.
Las pesquisas de una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción establecieron que el entonces integrante de la UTL habría participado en la gestión de proyectos ante entidades estatales y en la selección de contratistas que terminaron vinculados a determinadas obras.
De acuerdo con la Fiscalía, también habría intervenido en la destinación de presupuestos para proyectos ejecutados en municipios que tenían interés político para la estructura.
Contratos y manejo de dineros
La investigación también señaló que Martínez Rodríguez habría mantenido comunicación con alcaldes y funcionarios públicos con el propósito de gestionar la adjudicación de proyectos a personas previamente determinadas.
Una de las funciones que le atribuyó la Fiscalía estuvo relacionada con la recepción de las dádivas que, según el proceso, entregaban los contratistas favorecidos.
El condenado también habría coordinado posteriormente la distribución de esos recursos entre las personas que intervenían en las maniobras investigadas.
Otro elemento incorporado al expediente fue el uso de sus cuentas bancarias para recibir y administrar dineros que, de acuerdo con la investigación, provenían de recursos apropiados ilícitamente durante los procesos de contratación.
Debe devolver $765 millones
La investigación estableció además un componente económico dentro de la participación que se le atribuyó.
Martínez Rodríguez ya retornó $415 millones y deberá devolver otros $350 millones, para un total de $765 millones relacionados con los recursos que habría recibido por su participación en el entramado.
La devolución del dinero hace parte de las consecuencias económicas derivadas del proceso judicial.
Una juez penal especializada de Bogotá avaló los términos del preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Martínez Rodríguez y lo condenó a 62 meses de prisión.
El procesado fue declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y destrucción de elemento material probatorio.
La sentencia se produjo después de que la juez verificara los términos del acuerdo alcanzado entre el procesado y la Fiscalía.
