La Veeduría advierte que cuando un presunto agresor presta un servicio a la comunidad, aumenta el riesgo para más mujeres.
La rápida activación de las rutas de atención tras la primera denuncia permitió que otras presuntas víctimas decidieran acudir ante las autoridades. Para la Veeduría de Violencia contra la Mujer, este caso marca un patrón de comportamiento reiterado y demuestra la importancia de denunciar oportunamente para evitar que posibles agresores actúen contra nuevas víctimas.
La denuncia por presunto acoso sexual contra un conductor de transporte informal que cubría la ruta entre Guática y Pereira tuvo repercusiones. Luego de que la primera víctima acudiera ante la Fiscalía, otras mujeres decidieron relatar situaciones similares. Ahora, se fortalece la alerta por un comportamiento que, según el organismo defesor de derechos, no es aislado.
Marisol Zuluaga, directora de la Veeduría de Violencia contra la Mujer, aseguró que la atención institucional es determinante para que otras mujeres perdieran el miedo a denunciar.
“Fue muy rápida la atención que se le dio a la víctima y se pudo concretar el hecho. Otras mujeres se animaron a denunciar”, dijo Zuluaga.
La veedora advirtió que la aparición de nuevos testimonios es una señal de alerta que las autoridades judiciales deben analizar con mucho rigor.
“Es muy delicado porque vemos que no solamente estaba acosando a esta víctima que se atrevió a denunciar, sino que es una manera recurrente, una costumbre que él tiene. Más delicado aún porque es una persona que está prestando un servicio a la comunidad, donde las mujeres están en riesgo”, agregó.
Las rutas de atención
Zuluaga recordó que los mecanismos de atención dependen del tipo de violencia que denuncie la víctima. Explicó que los casos de violencia intrafamiliar deben presentarse inicialmente ante las comisarías de familia, mientras que las denuncias por presunto acoso sexual deben radicarse directamente ante la Fiscalía General de la Nación.
En municipios donde no hay sede de la Fiscalía, como ocurre en algunos casos, indicó que entidades como la Personería, las inspecciones de Policía y la Patrulla Púrpura pueden orientar a las víctimas y facilitar la activación de la ruta institucional.
La directora de la Veeduría también cuestionó la manera en que diferentes entidades atienden estos casos y aseguró que aún existen fallas en la articulación institucional.
“Tenemos una normatividad muy amplia, pero también hay una mala interpretación de la norma. Las instituciones trabajan como islas, cada una por su lado, y ahí hay un error porque tienen que trabajar unidas para garantizar los derechos de las víctimas”, subrayó.
Según explicó, esa falta de coordinación puede retrasar la atención y aumentar la vulnerabilidad de quienes denuncian hechos de violencia basada en género.
También aumentan las denuncias de hombres
Durante la entrevista, Zuluaga señaló que las autoridades también han comenzado a recibir un mayor número de denuncias de hombres por violencia intrafamiliar.
A su juicio, durante años existieron prejuicios que dificultaban que las víctimas masculinas acudieran a las autoridades, situación que ha empezado a cambiar gracias a procesos de capacitación sobre enfoque de género.
Recordó incluso el caso de un comisario de familia que, años atrás, minimizó la denuncia de un hombre víctima de violencia por parte de su pareja, una situación que calificó como un ejemplo de la necesidad de seguir formando a los funcionarios encargados de atender estos casos.
Para la directora de la Veeduría, detrás de muchos hechos de violencia existe un problema estructural relacionado con la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas.
“Las cifras aumentan porque hoy las víctimas se están atreviendo a denunciar, pero el verdadero foco de la violencia está en la salud mental. Si no trabajamos en prevención, seguiremos viendo este tipo de casos”, explicó.
