Un informe técnico revela que cinco EPS concentran más del 90% de los recursos embargados, con impacto en atención médica.
Más de $2,6 billones destinados a la atención en salud permanecen hoy congelados por decisiones judiciales. Mientras las autoridades advierten un riesgo inmediato sobre la prestación de servicios, el dinero que paga consultas, cirugías y tratamientos quedó atrapado en despachos.
La decisión no fue preventiva, fue reactiva. Las cifras ya muestran un impacto real sobre el flujo de dinero que sostiene hospitales, clínicas y servicios médicos, lo que obligó a la entidad a remitir un informe técnico a organismos de control para frenar posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud.
La estrategia se centra en la denominada Red de Controladores del Sector Salud, un engranaje institucional que reúne a entidades clave del Estado. Su activación marca un punto de alerta sobre la estabilidad financiera del sistema, en medio de una escalada de embargos que comprometen recursos públicos.
Concentración del riesgo
El informe de la Superintendencia detalla un panorama concentrado y preocupante. Cinco EPS acumulan la mayor carga de embargos, con cifras que superan ampliamente el resto del sistema, lo que evidencia una vulnerabilidad focalizada pero de alto impacto.
En el primer lugar aparece Nueva EPS, con cerca de $2,1 billones comprometidos. Le siguen Coosalud EPS, con aproximadamente $341 mil millones, y Asmet Salud, con $137 mil millones. Estas tres entidades concentran la mayor presión financiera derivada de decisiones judiciales.
El listado continúa con Cajacopi EPS, actualmente bajo el nombre de Proteger EPS, con $43 mil millones, y Emssanar EPS, con alrededor de $39 mil millones. Todas presentan distintos niveles de vigilancia o intervención administrativa, un factor que agrava el escenario.
Pero el problema no se queda allí. La Supersalud identificó 36 embargos adicionales en EPS sin medidas de intervención, que en conjunto suman más de $32 mil millones. Entre ellas figuran Mallamas EPS-I, Capital Salud, Compensar, Sanitas y Salud Total.
Red institucional y reacción del Estado
Frente a este escenario, la Supersalud activó la Red de Controladores del Sector Salud, un mecanismo creado por resolución en 2020 que articula a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura.
El objetivo es coordinar acciones urgentes para proteger la destinación específica de los recursos de salud, evitar su desvío y garantizar que continúen financiando la atención de los usuarios.
La entidad solicitó a estos organismos evaluar la situación dentro de sus competencias. El foco está en determinar si los embargos vulneran el derecho fundamental a la salud, especialmente cuando afectan recursos que deben destinarse exclusivamente a la prestación de servicios.
El informe técnico advierte que la inmovilización de estos fondos puede interrumpir pagos a prestadores, afectar tratamientos y generar retrasos en la atención, un efecto en cadena que impacta directamente a millones de afiliados.
