Personería pidió intervención urgente de autoridades nacionales ante fallas administrativas que afectan continuidad del servicio.
La interrupción de operaciones en la sede administrativa de Asmet Salud en Pereira activó una respuesta institucional por posible afectación al acceso efectivo a servicios médicos.
El personero municipal de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, encendió las alarmas y señaló que la situación dejaría a miles de afiliados sin orientación ni acceso claro a trámites esenciales del sistema de salud.
Asimismo, advirtió que la medida podría traducirse en una vulneración directa de derechos fundamentales, en especial para poblaciones con alta dependencia de atención continua.
Según el personero, la decisión administrativa carece de información pública suficiente y de mecanismos de transición, lo que ha generado confusión entre los usuarios.
En respuesta, la Personería emitió un requerimiento formal a varias entidades nacionales para exigir acciones inmediatas que permitan establecer la dimensión real del problema.
Barreras de acceso
El cierre no solo implica una afectación operativa, sino también obstáculos concretos para el acceso a servicios médicos. Usuarios reportan dificultades para gestionar autorizaciones, reclamar medicamentos y mantener la continuidad de tratamientos en curso.
Para la personería, esta situación impacta con mayor fuerza a adultos mayores, pacientes crónicos y personas en condición de debilidad manifiesta, quienes dependen de una atención constante.
Desde esta perspectiva, el ente control advierte que la ausencia de canales de información efectivos agrava la crisis, debido a que los afiliados no cuentan con orientación sobre rutas alternas ni soluciones temporales.
A ello se suma un elemento laboral que profundiza la incertidumbre. En la sede cerrada se evidenciaron manifestaciones del sindicato SINDISALUD, cuyos integrantes denunciaron incumplimientos en el pago de salarios y vulneraciones a derechos laborales.
Frente a este panorama, la Personería solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud para que ejerza funciones de inspección, vigilancia y control sobre la entidad.
De igual forma, pidió a la Procuraduría General de la Nación evaluar posibles responsabilidades disciplinarias por omisiones en la garantía del servicio.
La Defensoría del Pueblo también fue requerida para activar mecanismos de protección preventiva, mientras que a la Secretaría de Salud Departamental se le solicitó intensificar la vigilancia territorial.
