Red criminal fabricaba huellas de látex para suplantar clientes y defraudar bancos

In Judicial
marzo 12, 2026

Investigación reveló 25 fraudes por 274 millones en varias ciudades. Una asesora bancaria habría facilitado créditos.

Las entidades financieras detectaron inconsistencias en solicitudes de crédito que parecían cumplir todos los controles biométricos. Sin embargo, detrás de esas aprobaciones había una estructura criminal que, según la investigación judicial, manipulaba datos personales y reproducía huellas dactilares artificiales para suplantar identidades y acceder a productos financieros.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de una organización delincuencial denominada Los Látex, señalada de diseñar huellas dactilares de látex para superar controles biométricos en entidades bancarias y solicitar créditos de forma fraudulenta en varias ciudades del país.

A los procesados los identificaron como Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales.

De acuerdo con el expediente judicial, los implicados habrían desarrollado una modalidad de fraude que combinaba suplantación de identidad, manipulación de información personal y fabricación de documentos falsos. El objetivo era lograr que las entidades financieras aprobaran tarjetas de crédito y otros productos bancarios utilizando identidades de terceros.

La red operaba en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué, donde se registraron los casos investigados por las autoridades.

Cómo operaba la red

Las investigaciones establecieron que cada integrante del grupo cumplía un rol específico dentro de la estructura criminal.

Según la Fiscalía, algunos de los implicados se encargaban de recopilar información personal de las víctimas, incluyendo datos de identificación y registros dactilares que reposaban en bases de datos oficiales.

Con esa información, la organización presuntamente fabricaba huellas dactilares de látex que replicaban las de las personas suplantadas. Estas piezas se utilizaban para superar los sistemas de autenticación biométrica implementados por entidades financieras.

Además, la red elaboraba cédulas de ciudadanía falsas, en las que incorporaban las fotografías de integrantes del grupo delincuencial, pero con los datos reales de las víctimas.

De esta forma, los integrantes de la estructura podían presentarse en entidades bancarias y solicitar créditos, tarjetas y otros productos financieros sin levantar sospechas iniciales, ya que los sistemas de verificación biométrica validaban las huellas aparentemente legítimas.

La investigación también reveló que una de las integrantes del grupo trabajaba dentro de una entidad bancaria, lo que habría facilitado la aprobación de algunos de los productos financieros solicitados.

De acuerdo con el expediente, Lina María Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en un banco, presuntamente intervenía en los trámites para agilizar o facilitar la aprobación de créditos y tarjetas solicitadas mediante la suplantación.

Millonario fraude

La labor investigativa permitió identificar al menos 25 hechos delictivos asociados a esta modalidad de fraude, en los que la organización logró apropiarse de 274 millones de pesos.

El dinero se obtenía mediante compras con tarjetas de crédito, avances en efectivo y retiros en cajeros automáticos, operaciones realizadas luego de que aprobaban los productos financieros bajo identidades falsas.

La investigación estuvo liderada por una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación, quien imputó a los seis procesados varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.

Durante las audiencias judiciales, cuatro de los implicados aceptaron los cargos, lo que permitió avanzar en el proceso penal mediante la figura de aceptación de responsabilidad.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia para todos los procesados, mientras continúa el proceso judicial.