La Personería de Pereira acompañó la destrucción del material, para garantizar transparencia y control en el procedimiento.
Las armas las habían incautado en diferentes operativos de control entre 2017 y 2021. La destrucción marca un nuevo paso en la estrategia de la Policía Nacional para evitar que estos elementos circulen entre delincuentes.
El evento contó con acompañamiento del Ministerio Público y autoridades locales. El objetivo es impedir que estas armas ilegales regresen a manos de particulares y que las utilicen en hechos que alteren el orden público.
La jornada se desarrolló bajo la figura de “destrucción de bien”, contemplada en el artículo 192 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El lote destruido estaba conformado por armas traumáticas, de fogueo y neumáticas. Se trata de elementos que, aunque no siempre son catalogados como armas de fuego convencionales, han sido vinculados en múltiples episodios de intimidación, riñas y amenazas.
Para el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, la decisión se adoptó una vez culminaron los procesos administrativos y quedaron en firme los actos que ordenaban su disposición final.
Es decir, “no se trató de una destrucción inmediata tras la incautación, sino del cierre formal de expedientes” que agotaron las etapas legales correspondientes.
Cierre del ciclo de riesgo
La Policía asegura que la finalidad es estrictamente preventiva. “El argumento central es evitar la reutilización de este material”, que en algunos casos puede ser modificado o empleado para generar lesiones graves.
En el balance institucional, la acción también se enmarca en una política de reducción de factores de riesgo asociados al uso indebido de armas, especialmente en contextos de alteración del orden público y conflictos interpersonales.
Las autoridades insisten en que la presencia de armas traumáticas en escenarios de confrontación ha incrementado la percepción de inseguridad en distintos sectores urbanos.
El acompañamiento de la Personería Municipal y la Secretaría de Gobierno tuvo como propósito garantizar la transparencia del procedimiento. La supervisión de estos entes busca dar fe de que el material incautado efectivamente fue inutilizado y que no se pueda aprovechar.
