Procuraduría reunió a los personeros de Risaralda para exigir resultados en la implementación de la justicia transicional.
El balance dejó avances institucionales, pero también cuestionamientos sobre el ritmo de la reparación integral y la superación del impacto psicológico que dejó el conflicto armado. La jornada tuvo como anfitriona a la Personería de Pereira y contó con la participación de los representantes del Ministerio Público en todo el departamento.
El encuentro lo convocó la Procuraduría General de la Nación en el marco de los comités de seguimiento a la justicia transicional, mecanismo creado para verificar el cumplimiento de los compromisos derivados del acuerdo de paz y de la política pública de víctimas.
El personero municipal, Leonardo Fabio Real Chacón, explicó que la sesión permitió revisar los avances alcanzados durante 2025 y 2026 en materia de reparación y garantías.
Indicó, que el propósito era evaluar no sólo el cumplimiento formal de los compromisos adquiridos por el Estado, sino también el impacto real en los territorios.
“Es el mecanismo de reivindicación del tema de las víctimas en Colombia”, señaló Reales Chacón, al referirse a estos comités como espacios de control institucional.
En Risaralda, la Procuraduría pidió informes detallados sobre atención, acompañamiento y procesos de inclusión social dirigidos a la población afectada por el conflicto.
Debate sobre la superación del conflicto
Durante la reunión se planteó una preocupación de fondo: más de una década después de expedida la Ley 1448 de 2011, aún persisten brechas en la superación integral del daño.
El personero de Pereira sostuvo que, si bien los acuerdos de paz son “loables y racionales”, la consolidación de la reparación exige un compromiso conjunto.
Desde su perspectiva, además de la acción estatal, es necesario que las víctimas avancen en procesos que les permitan salir del estado de afectación psicológica que dejó el conflicto.
“No se justifica que después de más de diez años sigamos hablando en los mismos términos”, afirmó, al insistir en la necesidad de trascender hacia condiciones sociales y emocionales más estables.
Aunque se han ejecutado programas de indemnización, acompañamiento psicosocial y proyectos productivos, los personeros reconocieron que la transformación estructural de las condiciones de vida aún enfrenta limitaciones presupuestales y operativas.
