Mapa de riesgo prioriza regiones vulnerables y activa fiscales exclusivos en 35 seccionales para atender 16 delitos electorales.
La Fiscalía General de la nación puso en marcha una estrategia transitoria de investigación y judicialización para enfrentar los delitos que amenacen las elecciones de 2026, con fiscales dedicados al seguimiento de denuncias antes, durante y después de las votaciones.
Mediante la resolución 0047 de febrero de 2026, el ente acusador formalizó el plan estratégico que busca anticiparse a las conductas que históricamente han afectado la transparencia de los comicios legislativos y presidenciales.
La decisión implica mayor presencia territorial, análisis de riesgo y articulación interinstitucional, en un contexto marcado por alertas sobre posibles interferencias de estructuras armadas ilegales.
Uno de los ejes centrales es la elaboración de un mapa de riesgo electoral, construido a partir de variables como vulnerabilidad socioeconómica, antecedentes delictivos y capacidad de respuesta estatal.
Delitos electorales
Con esta herramienta, la Fiscalía priorizará zonas donde existen mayores probabilidades de fraude. Asimno como constreñimiento al elector, corrupción al sufragante y otras conductas tipificadas dentro de los 16 delitos electorales contemplados en la ley penal.
El plan contempla análisis integrales de las denuncias ya existentes y de las alertas tempranas relacionadas con la eventual injerencia de grupos armados ilegales. Según fuentes del ente investigador, la estrategia apunta a optimizar recursos humanos y técnicos, evitando dispersión de esfuerzos y concentrando capacidades en territorios críticos.
Observatorio y articulación internacional
La financiación de campañas será otro frente de intervención. La Fiscalía anunció la creación de un Observatorio de Financiación Electoral, encargado de verificar posibles violaciones de topes de gastos y el origen de recursos. Los informes que emita esta instancia podrán convertirse en insumo para la apertura de noticias criminales y actuaciones formales en territorio.
En paralelo, las delegadas y direcciones nacionales mantendrán articulación permanente con la Defensoría del Pueblo, para conocer de primera mano las alertas tempranas, y con la Registraduría Nacional del Estado Civil, especialmente en lo relacionado con el censo electoral y la logística de votación.
Frente a hechos de violencia contra candidatos, líderes sociales o representantes de comunidades, la Fiscalía instalará mesas de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos internacionales.
El objetivo es documentar de manera rigurosa cualquier ataque contra la vida, integridad o libertad de quienes participan en el proceso democrático.
Durante las jornadas del 8 de marzo y 31 de mayo, el ente acusador habilitará puntos especiales de recepción de denuncias en zonas de alta afluencia de votantes o donde no exista presencia física de la institución.
