Ministerio Público ordenó trámite preferente, enfoque interseccional obligatorio y canales nacionales de denuncia.
La Procuraduría General de la Nación activó un nuevo frente disciplinario y preventivo para enfrentar la violencia política contra las mujeres, con una directiva que ordena investigaciones prioritarias, enfoque de género obligatorio y vigilancia reforzada en todo el país en plena antesala electoral.
La medida fue expedida por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, en el marco de la campaña institucional Paz Electoral. El documento está dirigido a las procuradurías delegadas, territoriales y a todos los servidores del Ministerio Público, y fija lineamientos concretos para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia política contra las mujeres (VPCM).
Según el ente de control, la erradicación de esta forma de violencia no solo responde a una obligación legal, sino que constituye una condición esencial para proteger la integridad del proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
La Procuraduría advierte que la violencia política impacta no solo a las víctimas directas, sino al sistema democrático en su conjunto.
Uno de los ejes centrales de la directiva es la aplicación obligatoria de un enfoque de género e interseccional en todos los casos.
El Ministerio Público reconoce que la violencia política contra las mujeres es estructural y adopta múltiples formas, agravadas por factores como la etnia, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, el liderazgo social, la ruralidad o la situación socioeconómica.
Medidas obligatorias
Entre las acciones concretas ordenadas se encuentra la habilitación de canales nacionales de denuncia en todas las modalidades, incluidos mecanismos presenciales y virtuales. Además, se establece el trámite preferente de los casos relacionados con violencia política, con el fin de evitar dilaciones que puedan profundizar el daño o generar impunidad.
La directiva también contempla la asesoría psicojurídica integral para las víctimas y la articulación interinstitucional con otras entidades del Estado encargadas de la protección y garantía de derechos. En paralelo, se refuerza la vigilancia del cumplimiento de protocolos en corporaciones públicas y escenarios electorales.
El documento enfatiza que las investigaciones disciplinarias contra servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado se adelantarán con especial diligencia cuando incurran en conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres.
