Embargos, carteras millonarias y rutas suspendidas dejan a uno de cada cuatro pereiranos a merced de demoras críticas.
El verdadero dolor de cabeza del sistema de salud en Pereira no es la falta de capacidad instalada ni la ausencia de personal, sino una crisis financiera que mantiene asfixiada a la red hospitalaria y expone a miles de pacientes a esperas prolongadas y servicios incompletos.
La situación de la Nueva EPS, con pagos suspendidos y cuentas embargadas, se convirtió en el principal factor de desestabilización del modelo sanitario local y amenaza con romper la atención de patologías prioritarias.
En la capital risaraldense, cerca del 25 por ciento de la población está afiliada a la Nueva EPS. Esa proporción amplifica el impacto de cualquier falla administrativa.
Hoy, la red pública más fuerte del municipio opera bajo restricciones severas, con servicios segmentados y decisiones de suspensión que se adoptan como medida de contención ante la falta de recursos.
Carlos Olivares, delegado en salud de la Personería Municipal de Pereira, resumió el escenario: “Estamos ante una crisis que no se resuelve con anuncios ni con mesas de trabajo. El sistema ya no aguanta más”.
Hospitales con atención restringida
El deterioro financiero ya se tradujo en consecuencias operativas. El hospital San Jorge, Santa Mónica y la S Salud Pereira, pilares de la red pública local, presentan hoy servicios limitados y otros suspendidos de manera transitoria. No se trata de cierres administrativos, sino de una imposibilidad material para seguir atendiendo.
Olivares advierte que “hay pacientes con 20, 30 y hasta 40 días esperando traslados o procedimientos complejos”. En muchos casos, las órdenes médicas están emitidas, pero no se ejecutan porque el servicio no está disponible o porque los prestadores no cuentan con garantías de pago. El resultado es una atención fragmentada que prolonga estancias hospitalarias y eleva los riesgos clínicos.
La Personería ha realizado visitas constantes a estas instituciones y ha acompañado procesos de conciliación con la red de servicios. “Hemos estado en territorio, hablando con gerentes, con médicos y con usuarios. El diagnóstico es el mismo: la voluntad existe, pero el dinero no llega”.
Fractura de rutas prioritarias
El núcleo de la crisis es económico. Las cuentas de la Nueva EPS permanecen embargadas, lo que impide la redistribución de recursos hacia los prestadores. Mientras esa condición persista, los pagos seguirán suspendidos y la red hospitalaria continuará absorbiendo pérdidas que ya superaron su capacidad de resistencia.
La deuda con la red pública oscila entre los 20.000 y 26.000 millones de pesos, montos que comprometen la operación diaria de hospitales que dependen en gran medida de esos ingresos. A esto se suma el caso del Hospital Homeris, especializado en salud mental, que registra una cartera superior a los 4.000 millones de pesos, no sólo de la Nueva EPS sino también por otras entidades.
Olivares alerta que “cuando el impacto financiero llega a la salud mental, el daño social se multiplica”. Actualmente, varios servicios de Homeris están limitados o suspendidos, lo que reduce la oferta para pacientes con trastornos mentales que requieren continuidad en sus tratamientos.
El golpe más sensible recae sobre las rutas especiales, que por ley deben tener prioridad. Cáncer, adulto mayor, enfermedades crónicas, patologías huérfanas y atención a menores presentan interrupciones tanto en la red pública como en la privada.
“Estamos viendo medicamentos prioritarios que no se entregan y tratamientos que se detienen, algo que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia”, enfatizó Olivares.
La Personería mantiene una actuación preventiva en curso y ha logrado instalar mesas de trabajo y escenarios de mediación. Sin embargo, los resultados no se reflejan en pagos efectivos. Mientras la situación financiera de la Nueva EPS no se destrabe, cualquier alivio será temporal.
