Seis magistrados ordenaron la suspensión inmediata. Dos votaron en contra y cuatro hicieron aclaraciones.
La Corte Constitucional abrió un pulso institucional con el Gobierno de Gustavo Petro, al congelar los efectos del Decreto 1390 de 2025. La decisión reconfigura el manejo fiscal y político del país mientras el alto tribunal define su constitucionalidad.
La Sala Plena suspendió de manera provisional el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, expedido el 22 de diciembre de 2025. Seis magistrados respaldaron la ponencia de Carlos Camargo, que ordenó frenar la norma hasta que la Corte adopte una decisión de fondo.
En la votación, Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto, mientras Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo aclararon su posición. La Corte divulgó la determinación a través de su cuenta oficial en X.
Reacciones y advertencias
El presidente Gustavo Petro cuestionó la suspensión y advirtió impactos económicos y sociales. En mensajes públicos, afirmó que la medida protege a los sectores con mayor capacidad económica y traslada los costos de la crisis al conjunto de la sociedad.
También precisó que la decisión no tiene efectos retroactivos y que los decretos expedidos mientras rigió la emergencia mantienen presunción de legalidad.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó sobre los efectos inmediatos de la suspensión. Aseguró que el Gobierno pierde herramientas extraordinarias para enfrentar el déficit fiscal, el riesgo financiero y la presión sobre el gasto social.
Según el Ejecutivo, la falta de medidas de recaudo afecta programas sociales, inversión pública y obligaciones esenciales del Estado, con impacto directo en los sectores más vulnerables.
