En 2025, Personería de Pereira tramitó 1.240 tutelas. Sin embargo, hay otros factores que agravan la crisis local.
La capacidad institucional para proteger el derecho a la salud muestra señales de agotamiento. En contexto, las cifras de tutelas, desacatos y cartera revelan un sistema de salud que responde tarde y con recursos insuficientes, mientras los pacientes acuden a los jueces para acceder a servicios básicos.
El balance lo presentó el personero municipal de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, tras consolidar el seguimiento realizado durante 2025 a EPS, IPS y a la red pública hospitalaria del municipio y el departamento.
Durante la vigencia, el Ministerio Público interpuso 1.240 acciones de tutela en materia de salud y gestionó 368 derechos de petición, cifras que, a juicio del personero, “evidencian una vulneración reiterada de derechos fundamentales”.
Reales Chacón explicó que el problema no radica en el uso del mecanismo judicial, sino en la incapacidad del sistema para responder. “Hoy tenemos más tutelas, más desacatos y menos soluciones efectivas”, advirtió.
Asimismo, señaló que los cambios frecuentes de interventores y directivos en la Nueva EPS frenan acuerdos administrativos ya avanzados y que obligan a reiniciar los procesos.
El personero confirmó que Pereira reproduce la crisis nacional: alrededor de 400.000 usuarios del Eje Cafetero reciben servicios de la Nueva EPS, en medio de un déficit financiero que limita autorizaciones, tratamientos y pagos oportunos.
Giros que no alcanzan
La cartera hospitalaria concentra la mayor presión. El Hospital Universitario San Jorge acumula una deuda cercana a 40.000 millones de pesos, correspondiente en gran parte a 2025, una cifra que compromete su operación y la prestación continua de servicios.
Reales Chacón señaló que tras una mesa de trabajo liderada por la Personería, la Nueva EPS reconoció obligaciones y giró 11.000 millones de pesos al Hospital San Jorge, además de recursos parciales a ESE Salud Pereira. El giro, a su juicio, alivió la urgencia inmediata, pero no resolvió el fondo del problema.
Durante el año, la entidad realizó 21 visitas a diferentes EPS y 81 a IPS, lo que permitió establecer con precisión el nivel real de endeudamiento y los flujos financieros. “Hoy el municipio conoce la realidad financiera del sistema; sin esta intervención, seguiríamos en conjeturas”, sostuvo el servidor público.
Concluyó que la única salida pasa por recursos suficientes y decisiones fiscales claras del Gobierno Nacional. Sin una depuración de cuentas históricas y una financiación acorde con la demanda, advirtió, las tutelas seguirán creciendo y las herramientas institucionales para garantizar el derecho a la salud “continuarán debilitándose”.
