La vigilancia no se limitará a la supervisión documental, sino que se apoyará en observaciones en terreno.
La vigilancia anunciada busca anticiparse a fallas históricas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), un esquema que en distintos municipios del país ha presentado retrasos, problemas asociados a la calidad de los alimentos y riesgos en el manejo de recursos.
La Personería Municipal de Pereira confirmó que mantendrá durante 2026 un seguimiento preventivo, con énfasis en la detección temprana de posibles irregularidades administrativas y operativas.
El objetivo, según el ente de control, es evitar que deficiencias en la ejecución del programa afecten la garantía del derecho a la educación y a la alimentación de niños y adolescentes.
El plan contempla visitas de campo a instituciones educativas oficiales, tanto en la zona urbana como en los corregimientos, para evaluar el funcionamiento integral del programa.
Estas verificaciones incluirán la revisión de tiempos de entrega, condiciones de almacenamiento, cumplimiento de los estándares nutricionales y coherencia entre lo contratado y lo efectivamente suministrado.
Prevenir antes que lamentar
Además del componente alimentario, la Personería hará seguimiento a los procesos administrativos asociados al PAE, entre ellos la gestión contractual y la correcta destinación de los recursos públicos.
La entidad señaló que la vigilancia se orienta a prevenir riesgos antes de que se conviertan en fallas estructurales o en investigaciones disciplinarias posteriores.
El Personero Municipal, Leonardo Reales Chacón, indicó que el control preventivo hace parte del mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales y de protección del interés público.
A su juicio, el acompañamiento permanente permitirá emitir alertas oportunas a las autoridades competentes y adoptar correctivos inmediatos cuando sea necesario.
Con este esquema, la Personería busca incidir de manera directa en el bienestar y la nutrición de los estudiantes, entendiendo el PAE como un factor clave para reducir la deserción escolar y garantizar condiciones mínimas de aprendizaje.
La vigilancia, insistió la entidad, no se limitará a la supervisión documental, sino que se apoyará en observaciones en terreno y contacto directo con las comunidades educativas.
