Deudas impagas, recaudos por debajo del 50 por ciento y restricciones de servicios marcan el cierre de 2025.
El Hospital Universitario San Jorge de Pereira terminó el año 2025 en una “crisis financiera profunda”, atribuida al incumplimiento de pagos por parte de la Nueva EPS, su principal deudor. “La Nueva EPS nos dejó morir”, dijo el gerente del centro de salud Javier Alejandro Gaviria.
Al 31 de diciembre, la Nueva EPS acumulaba una deuda superior a los $48.470 millones con el hospital, mientras que desde octubre los giros mensuales no alcanzan ni la mitad de lo facturado por los servicios prestados a sus afiliados en la región.
La gerencia del centro hospitalario entregó un comunicado a medios de comunicación donde explica la crisis que vive el hospital. “Desafortunadamente este fin de año las principales EPS que son clientes nuestras no giraron los recursos que debían girar”, dijo.
El problema no es aislado. Pijao Salud y Coosalud completan el grupo de mayores deudores, con obligaciones por $30.822 millones y $25.826 millones, respectivamente. En total, la cartera de las EPS activas con el hospital asciende a $194.585 millones.
Cada mes, el San Jorge factura en promedio $27.769 millones a cerca de 30 aseguradoras, un 20 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, los recaudos apenas llegan a $16.515 millones mensuales, equivalentes al 48,6 por ciento de lo facturado.
Pagos que no alcanzan
En el caso específico de la Nueva EPS, la facturación mensual ronda los $9.500 millones, pero en los dos últimos meses los pagos no superaron la mitad de ese valor, incumpliendo los acuerdos vigentes.
Desde hace varias semanas, el hospital decidió restringir la atención a los afiliados de esta EPS, limitándola a urgencias vitales, una medida que busca contener el deterioro financiero sin afectar compromisos laborales.
Aunque el hospital se mantiene al día con sus trabajadores, el retraso en los pagos a proveedores ya es evidente y amenaza la continuidad de varios servicios esenciales.
La advertencia final es clara: si no se normalizan los recaudos en el corto plazo, el principal centro asistencial de Risaralda podría ver comprometido su funcionamiento, con efectos directos sobre la atención en salud de toda la región.
