Un operativo reveló exigencias hasta de mil millones, con policías y exfuncionarios involucrados en casos de lavado de activos.
Las capturas se realizaron de manera simultánea en varias ciudades del país, pero Pereira aparece como uno de los puntos clave del entramado, tanto por la presencia de presuntos integrantes como por reuniones y actuaciones irregulares que supuestamente se habrían ejecutado desde esta jurisdicción.
La investigación silenciosa, seguida durante años, terminó por destapar una red que habría convertido procesos judiciales en moneda de cambio. Nueve personas, entre funcionarios activos y retirados del Estado, terminaron capturados por presuntamente cobrar dinero a cambio de torcer decisiones judiciales en expedientes sensibles de lavado de activos.
Las detenciones se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Chiquinquirá, Pereira y Granada, tras órdenes emitidas por la Fiscalía General de la Nación. El operativo estuvo a cargo de un Grupo de Tareas Especiales, creado exclusivamente para seguir la pista de este entramado de corrupción.
Entre los capturados figuran cuatro integrantes activos de la Policía Nacional, dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres particulares, algunos de ellos exmiembros de la Sijín y del Inpec. Según Fiscalía, todos habrían cumplido roles específicos dentro de una estructura que operó durante varios años.
La investigación señala que los hoy detenidos exigían sumas que iban de 400 a 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a su entorno familiar. A cambio, ofrecían frenar órdenes de captura, evitar medidas cautelares y bloquear procesos de extinción de dominio sobre bienes.
Un esquema sostenido en el tiempo
Los hechos documentados no son recientes. La Fiscalía logró establecer eventos ocurridos en 2014, 2015, y más recientemente en 2024 y 2025, lo que revela un modus operandi persistente, sostenido por el acceso privilegiado a información judicial reservada.
En varios de los casos, los implicados se habrían reunido personalmente con las víctimas en Bogotá y Villavicencio. Durante esos encuentros, según el expediente, mostraban detalles confidenciales de investigaciones en curso para intimidar y justificar los cobros ilegales.
El ente acusador también sostiene que algunos de los procesados, en ejercicio de funciones de policía judicial, eliminaron evidencias y elementos probatorios, con el fin de alterar el rumbo normal de las investigaciones y proteger los intereses del grupo.
A esto se suma la presunta presión indebida sobre testigos, quienes habrían sido constreñidos para entregar información falsa sobre familiares del condenado en Estados Unidos, como retaliación por no acceder a los pagos exigidos.
Uno de los episodios más delicados incluye amenazas contra un investigador líder del caso, a quien habrían intentado forzar para obtener acceso a expedientes y decisiones internas. Para la Fiscalía, este hecho muestra el nivel de riesgo institucional que alcanzó la red.
En los próximos días, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los capturados delitos como concierto para delinquir, concusión, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas y abuso de autoridad, entre otros.
