La Policía Metropolitana incautó más de 1.000 tarros de ketamina, equivalentes a 150.000 dosis, valoradas en $3.000 millones.
La ofensiva contra el tusi, una de las drogas sintéticas de mayor impacto en la violencia urbana, dejó este año 17 laboratorios intervenidos en el área metropolitana de Pereira. Las operaciones tuvieron efectos directos sobre las finanzas criminales, las dinámicas del homicidio y la judicialización de redes vinculadas al sicariato.
El balance que expuso el coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, va más allá de las cifras operativas y permite leer el fenómeno del tusi como un factor estructural del crimen organizado local.
No se trata, según la autoridad, de una droga aislada ni marginal, sino de un eslabón clave dentro de economías ilegales que conectan fronteras, corredores urbanos y estructuras armadas.
Desde comienzos de año, los investigadores priorizaron la localización de cocinas clandestinas, bodegas de insumos y puntos de distribución. El resultado: 17 laboratorios desmantelados entre Pereira y Dosquebradas, además de afectaciones a rutas que se extienden desde zonas fronterizas y que tienen como destino final mercados como Medellín.
Uno de los datos más relevantes es la incautación de más de 1.000 tarros de ketamina, insumo principal del tusi. Según cálculos oficiales, esa cantidad equivale a más de 150.000 dosis, con un valor estimado superior a 3.000 millones de pesos en el mercado ilegal.
Para la Policía, esta afectación económica explica en parte la presión ejercida sobre las estructuras criminales durante el segundo semestre del año.
Laboratorios, rutas y redes criminales
La investigación policial determinó que los laboratorios de tusi no operan de manera autónoma. Por el contrario, están integrados a organizaciones delincuenciales con capacidad logística, armada y financiera.
De ahí que la judicialización no se limite a delitos de narcotráfico, sino que avance hacia concierto para delinquir, figura que eleva las penas por encima de los siete años de prisión.
El coronel Ochoa señaló que el trabajo no se concentró únicamente en el punto de producción. Las operaciones incluyeron el seguimiento de rutas de abastecimiento, el control de precursores químicos y la identificación de enlaces con estructuras como Cordillera y remanentes de Rebeldes.
En paralelo, el oficial destacó que se logró sacar del mercado ilegal 356 armas de fuego, una cifra que, según la Policía, impactó directamente la capacidad operativa de estas organizaciones.
Para la policía, el tusi dejó de ser una “droga recreativa” para convertirse en un detonante de violencia, especialmente entre jóvenes, adolescentes y entornos nocturnos.
Impacto en homicidios
Uno de los efectos más sensibles de esta ofensiva, según el balance institucional, es la disminución de las muertes violentas. Desde septiembre, Pereira registra una reducción cercana al 54 % en la tendencia de homicidios, con descensos sostenidos en octubre, noviembre y diciembre.
Aunque el acumulado anual supera el del año anterior, la Policía sostiene que la contención evitó un escenario crítico. En 2025 hubo 143 asesinatos y en lo que va de este año, la ciudad suma 204.
A esta estrategia se sumó la captura de 88 sicarios, varios de ellos ya condenados y actualmente colaborando con la justicia en procesos que, de acuerdo con la Policía, se materializarán a comienzos de 2026.
La lógica es clara: golpear simultáneamente la droga, las armas y los ejecutores.
El balance deja un mensaje con nueva narrativa: el combate al tusi no es sólo una lucha contra una sustancia, sino contra un modelo criminal que alimenta homicidios, sicariato y control territorial.
