Ya lo habían capturado en julio de 2024 dentro de una vivienda ubicada en el sector de Combia, durante una operación policial.
Según fuentes judiciales, la extinción de dominio se ordenó tras comprobar que los bienes provenían de economías ilegales y que fueron usados como centros de coordinación criminal. La medida recayó sobre propiedades clave y activos que pertenecían a Andrés Londoño Giraldo.
El bloque de Búsqueda de la Policía Nacional en Pereira trabajó encoordinación con Fiscales especializados de nivel central durante unos ocho meses, para aplicar la extinción de dominio contra esta propiedad valuada en más de 5.000 millones de pesos.
El hombre de 42 años y conocido en el mundo criminal como alias Lalo, también es señalado como uno de los máximos jefes de la organización delincuencial Los Rebeldes, una disidencia directa de la estructura criminal Cordillera.
En noviembre del año pasado, al procesado lo trasladaron a la cárcel de Cómbita (Boyacá), considerado un movimiento estratégico de las autoridades penitenciarias para aislarlo de su red de influencia en el Eje Cafetero. Ahora, la decisión de aplicar la extinción de dominio marca un punto determinante en la ofensiva judicial contra las finanzas de esa organización.
Red criminal sostenida con bienes ilegales
La investigación determinó que la vivienda funcionaba como punto de encuentro, planeación y refugio de integrantes de la organización. Los investigadores establecieron que allí se coordinaban rutas de microtráfico, cobros extorsivos y órdenes para ajustes de cuentas en distintos sectores de Pereira, Dosquebradas y La Virginia.
Las autoridades rastrearon movimientos financieros irregulares durante más de ocho meses, cruzando información de registros comerciales, escrituras públicas, transferencias patrimoniales y testimonios protegidos.
El análisis permitió demostrar que los bienes no correspondían a los ingresos declarados por el hoy privado de la libertad.
Según la línea investigativa, la casa sometida a extinción no era un simple inmueble, sino parte de una estructura patrimonial que permitía ocultar dinero proveniente de homicidios por encargo, control territorial de plazas de venta de estupefacientes y amenazas sistemáticas contra comerciantes.
Fuentes de alto nivel confirmaron que esta acción forma parte de una primera fase de una estrategia nacional para golpear las finanzas de los máximos cabecillas de estructuras criminales urbanas, considerada más efectiva que las capturas aisladas. El objetivo central es debilitar la capacidad de pago, expansión y reconfiguración de la organización.
Alias Lalo, su rol interno y los homicidios que ordenó
Los informes judiciales establecen que alias Lalo no era un actor secundario, sino un decisor dentro de la estructura. De acuerdo con los expedientes analizados, habría ordenado y participado en al menos diez homicidios internos, motivados por disputas de poder, sospechas de traición y control de rentas ilegales.
Además, las autoridades lo vinculan con casos de alto impacto en la región, entre ellos el crimen del abogado conocido como “JJ” y de alias de “Toro”. Los investigadores documentaron que estas muertes fueron parte de una estrategia de intimidación para consolidar liderazgo y silenciar fuentes internas.
El seguimiento patrimonial permitió establecer que los bienes de Londoño Giraldo eran utilizados para esconder a sicarios, almacenar armas y ocultar dinero en efectivo, convirtiendo los inmuebles en verdaderas plataformas logísticas del crimen organizado.
Las autoridades califican a Los Rebeldes como una disidencia violenta de La Cordillera, caracterizada por la fragmentación interna y por la disputa constante de territorios. En ese contexto, el rol de alias Lalo fue determinante para mantener el control de varios barrios y corredores urbanos estratégicos.
Ofensiva judicial que apenas comienza
Lo que hoy se conoce como una sola medida de extinción de dominio hace parte de un paquete de acciones que se ejecutan de forma simultánea desde instancias centrales de investigación. Las fuentes consultadas por este equipo confirmaron que se preparan nuevas decisiones contra otros bienes vinculados a cabecillas de la misma estructura criminal.
La casa de alias Lalo no sólo representaba un activo económico, sino una pieza clave en la arquitectura criminal. La extinción afecta directamente a la capacidad de planeación, ocultamiento y expansión de Los Rebeledes.
Además, la medida marca el inicio de una fase más agresiva contra el patrimonio ilegal, con un mensaje claro: ya no sólo se persigue a los responsables, sino también a las bases económicas que sostienen la violencia urbana.
La operación continúa bajo estricta reserva judicial. Nuevas decisiones patrimoniales se anunciarán en los próximos meses. El objetivo es uno solo: asfixiar financieramente a las estructuras criminales que durante el último año sembraron terror en el área metropolitana.
