El agresor aceptó los cargos tras reconocer que azotó con un látigo a su canino porque se comió un pedazo de carne.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Fernando Alonso Oviedo Sánchez, señalado de golpear con brutalidad a su perro en una finca de Montecristo (Bolívar) luego de que el animal se comiera un pedazo de carne. El hecho, grabado y difundido en redes sociales, generó indignación nacional y llevó a su captura y envío a la cárcel.
De acuerdo con la investigación, Oviedo amarró al canino, lo azotó con un látigo, lo lanzó al suelo y lo pateó sin piedad. El ataque, ocurrido el pasado 3 de noviembre, lo grabaron testigos y rápidamente circuló en plataformas digitales, lo que provocó una ola de rechazo ciudadano y presión social.
El caso lo asumió por el Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), de la Fiscalía Seccional Bolívar, que ordenó su judicialización y priorizó la recolección de las pruebas técnicas y veterinarias.
Entrega y aceptación de cargos
Ante la presión pública, Fernando Oviedo se entregó el 7 de noviembre en la estación de Policía de Yarumal (Antioquia). Allí, según el reporte oficial, entregó también al animal, para que lo trasladaran a su valoración médica por personal veterinario especializado.
Los resultados de los exámenes confirmaron lesiones graves y afectaciones físicas en el canino, lo que permitió a la Fiscalía imputarle el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, agravado por la sevicia. El acusado aceptó los cargos.
Justicia ejemplar y llamado a la conciencia
Tras la imputación, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al considerar que se trató de una agresión injustificada, violenta y consciente.
Fuentes del ente acusador indicaron que el caso “representa un mensaje claro contra el maltrato animal y la impunidad en el país”.
La entidad reiteró su compromiso con la aplicación de la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales de hasta tres años de prisión para quienes los agredan.
El canino permanece bajo protección de las autoridades y recibe atención médica integral mientras se evalúa su recuperación.
