Más de 120 mil afiliados en el departamento enfrentan demoras en la entrega de tratamientos.
La directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), Olga Lucía Zuluaga, advirtió que la situación con la Nueva EPS se convirtió en una crisis sanitaria que afecta tanto a usuarios como a las instituciones prestadoras de servicios.
Aunque la Defensoría del Pueblo intervino desde septiembre para exigir soluciones, las demoras en pagos, legalización de contratos y entrega de medicamentos siguen agravando la atención en clínicas y hospitales del Eje Cafetero.
“Hay usuarios que esperan semanas para recibir un medicamento esencial o una cita con especialista”, señaló Zuluaga. De acuerdo con cifras entregadas por la Asociación, sólo en Risaralda más de 120 mil afiliados se ven afectados por retrasos en la entrega de tratamientos médicos.
Según Zuluaga, el pasado 9 de septiembre se realizó en Pereira una reunión clave entre la Asociación Colombiana de Hospitales, la Asociación de Instituciones de Salud, la Defensoría del Pueblo Nacional y los defensores del pueblo del Eje Cafetero.
En ese encuentro participó el gerente regional de Nueva EPS y directivos nacionales de la entidad. “Desde entonces advertimos los graves problemas en la entrega de medicamentos y en la conciliación de cartera que siguen sin resolverse”, dijo.
¿Qué pasó en esa reunión?
En esa mesa también estuvieron presentes representantes de ligas de usuarios y directivos de instituciones tanto públicas como privadas, quienes coincidieron en que el principal problema radica en la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por Nueva EPS.
Entre ellos se incluyeron cronogramas de pagos, conciliaciones y la legalización de contratos con las empresas sociales del Estado.
A esta situación se suma la deuda acumulada que Nueva EPS mantiene con los hospitales públicos del departamento. En conjunto, las obligaciones superan los 25 mil millones de pesos, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios y el pago a proveedores y trabajadores de la salud.
“La demora en los pagos y la falta de contratos vigentes hacen imposible garantizar la continuidad de la atención”, afirmó la directora de AESA.
Zuluaga resaltó que, pese a los compromisos asumidos en septiembre, aún faltan acciones concretas. “Algunos pagos se realizaron parcialmente, pero los mayores retrasos están en la conciliación de cartera y la formalización de contratos”.
