La Defensoría del Pueblo y autoridades regionales piden un plan urgente de pagos para garantizar la atención en salud.
La crisis hospitalaria en el Eje Cafetero alcanzó un nuevo punto crítico. La Defensoría del Pueblo y representantes de gobernaciones, alcaldías y organismos de control se reunieron con directivos de la Nueva EPS para exigir el cumplimiento de pagos atrasados. Los hospitales públicos y privados advierten que, sin recursos, se ve comprometida la atención a miles de pacientes.
Según cifras entregadas por la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), la deuda total de la Nueva EPS con hospitales de la región asciende a $260.929 millones. De ese monto, Risaralda concentra $39.029 millones, mientras que en Caldas la cifra alcanza los $115.222 millones y en Quindío los $106.677 millones.
El panorama es más grave si se incluyen los compromisos con clínicas privadas. Datos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas revelan que la deuda de la Nueva EPS en el Eje Cafetero supera los $800.000 millones de pesos, una cifra que ha puesto a varias instituciones al borde del cierre.
La situación ha obligado a Risaralda y Quindío a declararse en Alerta Roja Hospitalaria, lo que significa limitación en la atención de pacientes afiliados a la Nueva EPS, cierre temporal de servicios y riesgo de colapso en la red de mediana y baja complejidad. Sólo en Quindío, con corte al 31 de julio de 2025, los pasivos acumulados ya sobrepasan los $404.940 millones.
Durante el encuentro, la Defensoría del Pueblo advirtió que las quejas por barreras en el acceso a medicamentos y tratamientos han aumentado un 70 % en la región en el último año. A su vez, las denuncias ante la Superintendencia de Salud crecieron en un 26 %, lo que refleja el deterioro del sistema.
Promesas y exigencias
La Nueva EPS presentó un plan de estabilización que contempla acuerdos de pago para las deudas corrientes, conciliaciones por más de $94.510 millones y la entrega de un cronograma semanal de pagos a hospitales y organismos de control.
También se comprometió a enviar un manual actualizado de procesos de facturación y radicación de cuentas, y a descentralizar parcialmente los trámites para agilizar el flujo de recursos.
Los hospitales, sin embargo, advirtieron que sólo podrán reabrir los servicios suspendidos si los compromisos se cumplen en los tiempos pactados. La Defensoría y las comisiones de moralización regionales harán seguimiento a los acuerdos, al tiempo que llamaron a otras EPS a asumir sus responsabilidades financieras.
“Con hospitales abiertos se garantiza el derecho a la salud; su sostenimiento depende de pagos periódicos y suficientes”, recordaron las autoridades, para reiterar la importancia de que la Nueva EPS cumpla con los compromisos adquiridos.
