La indagación busca esclarecer si se vulneró la libre concurrencia y transparencia en millonario contrato de recaudo para Pereira.
Al parecer, no hay competencia justa. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra varios servidores públicos adscritos a la empresa Megabús S.A., operador del sistema de transporte masivo en Pereira, por presuntas irregularidades en un proceso de licitación de alto impacto económico.
El órgano de control investiga si se violaron principios fundamentales como la libre concurrencia y la transparencia durante la adjudicación de un contrato clave que define el futuro del sistema de recaudo y operación tecnológica del servicio en la capital risaraldense y su área metropolitana.
Un comunicado oficial habla sobre posibles anomalías en el proceso contractual mediante el cual se pretendía adjudicar la concesión del servicio de recaudo centralizado, así como el suministro, implementación, soporte, mantenimiento y actualización de los sistemas de gestión de flota e información al usuario del sistema Megabús.
De acuerdo con la entidad, existen indicios de que algunos funcionarios públicos habrían actuado de manera contraria al principio de selección objetiva, por lo que se habría limitado la participación de proponentes mediante exigencias desproporcionadas y, presuntamente, diseñadas para favorecer a determinados oferentes.
Uno de los puntos más sensibles del proceso tiene que ver con la supuesta fijación irregular de indicadores financieros, lo cual habría elevado injustificadamente las barreras de ingreso a la licitación.
Además, se examina si se exigieron requisitos mínimos de experiencia técnica que no sólo resultaban desproporcionados, sino que podrían haber estado orientados a excluir a competidores potenciales, afectando la pluralidad de ofertas y beneficiando a actores específicos del mercado.
La Procuraduría aclaró que, por ahora, la investigación se encuentra en fase de indagación previa, lo que significa que aún no hay cargos formales, pero sí suficientes elementos para iniciar la recopilación de pruebas y la identificación plena de los funcionarios implicados.
