Durante más de una década, la Diócesis se negó a asumir responsabilidades por los actos criminales de uno de sus párrocos.
La Corte Constitucional le puso punto final a esa omisión con una decisión sin precedentes: declaró civilmente responsable a la Diócesis de Pereira por los abusos sexuales cometidos en 2008 por el sacerdote Alfredo contra un niño que entonces tenía menos de 14 años.
El alto tribunal no sólo le ordenó pagar indemnizaciones a las víctimas, el niño y sus familiares, sino que también exigió la creación inmediata de protocolos de denuncia, protección y prevención, en coordinación con autoridades como el ICBF, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Incluso, dispuso que aparten a los sacerdotes investigados por hechos similares de cualquier contacto con niños, sin necesidad de una condena penal en firme.
La importancia de la decisión
La Corte llegó a esa decisión tras revisar una tutela interpuesta por el niño abusado y su familia, quienes demostraron que la Diócesis conocía antecedentes del sacerdote agresor, pero omitió denunciarlos y lo dejó continuar en funciones.
El fallo considera esto como una omisión deliberada que agravó el daño y constituye una forma de encubrimiento institucional.
El Tribunal Superior de Pereira había exonerado a la Diócesis en una sentencia de 2023, pero la Corte concluyó que ese fallo incurrió en “graves errores de valoración probatoria” al ignorar testimonios, evidencias y jurisprudencia que obligan a proteger a los menores víctimas de abuso.
Por ello, ordenó que dicten una nueva sentencia en 30 días, esta vez reconociendo el daño total y el vínculo afectivo de familiares cercanos como el tío y la prima, a quienes también deberán indemnizar.
Además, la Corte compulsó copias a la Fiscalía para que investigue penalmente a los obispos y superiores de la Diócesis de Pereira por no haber denunciado al cura, pese a conocer hechos similares anteriores.
También aclaró que la familia aún puede demandar al municipio de Pereira por este caso y que los plazos legales empezarán a contar desde esta sentencia, no desde el momento del abuso.
Con esta decisión, la Corte lanza un mensaje: la Iglesia debe responder como cualquier institución ante casos de abuso sexual infantil. La protección de los menores está por encima de cualquier fuero religioso.
