La adjudicación por $84.496 millones tiene una duración de 25 años. Investigarán a funcionarios de la actual administración.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por establecer de la Alcaldía de Pereira, tras identificar posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato de concesión integral del servicio de alumbrado público de la ciudad.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que la contratación, con un valor total de 84.496 millones de pesos y una duración proyectada de 25 años, ha generado preocupación por su impacto a largo plazo sobre los recursos públicos y la legalidad del proceso.
El contrato abarca actividades como la administración, operación, mantenimiento, modernización, expansión, suministro de energía eléctrica, además de la implementación de desarrollos tecnológicos y alumbrado ornamental y navideño en el municipio.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira verificará los hechos que rodearon la adjudicación, especialmente la actuación de la administración local que, al parecer, desestimó una solicitud formal de la Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Función Pública.
Al parecer, se había solicitado suspender la audiencia de adjudicación para analizar el caso más a fondo, dado el riesgo que representaba para el interés público.
Uno de los aspectos que más inquietan al órgano de control es el posible vínculo contractual o societario cuestionado de la empresa que resultó seleccionada.
La Procuraduría buscará establecer si dicha empresa ha sido objeto de investigaciones o tiene antecedentes que puedan afectar la legalidad y transparencia del proceso.
Pendientes desde el congreso
Adicionalmente, se confirmó que la Representante a la Cámara Carolina Giraldo, del Partido Verde, había presentado una denuncia ante los entes de control señalando presuntas anomalías en la estructuración y adjudicación del contrato.
Giraldo advirtió sobre posibles riesgos de detrimento patrimonial y falta de garantías para la libre competencia, alertando a la opinión pública sobre la necesidad de revisar con lupa una concesión que compromete recursos públicos durante un cuarto de siglo.
La Procuraduría anunció que continuará recopilando información para establecer si hubo faltas disciplinarias, violación a principios de contratación estatal o una posible configuración de hechos que ameriten remitir el caso a otras entidades de control como la Contraloría o la Fiscalía.
