El ente acusador puso la lupa sobre el millonario rastro patrimonial de los implicados en el contrato más cuestionado de Pereira.
Apartamentos, parqueaderos, volquetas y hasta un predio rural hacen parte de los activos congelados por un juez a petición de la Fiscalía General de la Nación, dentro del escándalo de corrupción por la Avenida Los Colibríes en Pereira.
La decisión es contundente y da un giro al proceso por las presuntas irregularidades en la contratación de la Avenida Los Colibríes en Pereira, luego de que los vinculados al caso quedaran en libertad por vencimiento de términos.
Al parecer, no perdieron tiempo, y desde la Fiscalía General de la Nación se logró que un juez de control de garantías, decretara el embargo de 10 bienes inmuebles y 15 vehículos, valorados en más de 3.955 millones de pesos.
La medida cautelar busca que, en caso de una eventual condena, la Alcaldía de Pereira recupere parte de los 10.814 millones de pesos que habrían sido desviados de la obra que prometía mejorar la movilidad de la capital risaraldense.
¿Qué bienes están embargados?
El informe entregado por el ente acusador detalla una serie de propiedades distribuidas por todo el país: apartamentos y parqueaderos en Bogotá, Pereira, Armenia y Leticia, así como un predio rural en Anapoima (Cundinamarca).
También figuran volquetas, camionetas blindadas, camperos y vehículos particulares, que presuntamente se habrían adquirido con dineros producto del desfalco.
Se trata de bienes a nombre del exalcalde Carlos Alberto Maya, el exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado, el contratista Carlos Guillermo Suárez Escobar, y los interventores José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal, todos imputados formalmente por una cadena de delitos de corrupción pública.
Los delitos
Las investigaciones, lideradas por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, revelan que el proyecto inicial de 3.4 kilómetros de doble calzada, que arrancó en marzo de 2021 con un contrato de 32.037 millones de pesos, recibió una adición de 20.300 millones más, pese a evidentes irregularidades.
Los investigadores aseguran que el detrimento patrimonial calculado hasta el momento asciende a 10.814 millones, y se habría ocultado a través de maniobras documentales y técnicas.
Los implicados enfrentan cargos por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, prevaricato por acción, obtención de documento público falso, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y abuso de autoridad.
Lo que viene
Los embargos se notificaron a las respectivas oficinas de registro e instrumentos públicos, y a las secretarías de tránsito para evitar cualquier maniobra que permita la venta, transferencia o enajenación de los bienes.
Entre el 23 y el 25 de julio próximos, se reanudarán las audiencias preparatorias, clave para definir si el caso avanza a juicio oral. La Fiscalía sostiene que existen pruebas documentales y testimoniales que comprometen a los procesados en un entramado de corrupción pública con impacto nacional.
