Los manifestantes solicitaron la liberación de uno de sus integrantes. Exigen que el caso se juzgue bajo la jurisdicción indígena.
Unos 300 indígenas provenientes del municipio de El Carmen de Atrato (Chocó) llegaron este martes al Palacio de Justicia de Pereira para protestar por la captura y detención de uno de sus líderes: Lázaro Bitucay Murri. Al hombre lo arrestaron el 27 de noviembre de 2024 y permanece privado de la libertad en la cárcel La 40, acusado de presuntamente colaborar con un grupo armado ilegal.
La movilización se dio en el marco de una minga, liderada por autoridades tradicionales del resguardo. La comunidad exige que el proceso judicial contra Bitucay lo asuma la justicia propia indígena, como lo permite el artículo 246 de la Constitución.
“Eso es falso, a él lo están acusando sin pruebas. Aquí lo que está pasando es que el Estado está utilizando a nuestros jóvenes como red de informantes, y muchos de ellos terminan señalando a los líderes para protegerse”, afirmó Julio César Queragama Cheché, autoridad indígena que viajó desde el Chocó con la delegación.
Según, el señalamiento contra Bitucay proviene de testimonios débiles y no corresponde a ninguna actuación real del líder indígena. “Lo único que él ha hecho es defender su territorio y ejercer su liderazgo como autoridad tradicional”, agregó.
¿Quién los escucha?
Los manifestantes llegaron en siete buses y permanecieron todo el día en los alrededores del Palacio de Justicia. Allí solicitaron abrir una mesa de diálogo con varias entidades estatales: la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad para las Víctimas y la Dirección de la Unidad de Coordinación de Asuntos Étnicos.
“Dependerá de la voluntad del Estado si nos quedamos un día o una semana. No nos iremos hasta tener respuestas”, advirtió Gerajama Cheché.
Habla la Personería
El personero municipal de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, se reunió con los manifestantes y dio detalles de lo que se habló. “La comunidad está solicitando que el caso se resuelva en el marco de la justicia indígena, que por Constitución y ley tienen a su haber”, dijo Reales.
El funcionario explicó que si bien hay una imputación penal formal, el tema debe ser evaluado cuidadosamente, pues el sistema jurídico colombiano reconoce la autonomía de los pueblos indígenas en sus asuntos internos.
“El papel del Ministerio Público es garantizar que se respete tanto la ley como el debido proceso, sin importar si la persona pertenece o no a una comunidad en particular”, concluyó.
Lázaro Bitucay fue capturado el 27 de noviembre de 2024 en un operativo conjunto de la fuerza pública en zona rural de El Carmen de Atrato. Según las autoridades, habría indicios de que actuaba como colaborador logístico de un grupo armado ilegal, aunque la comunidad insista en que se trate de un montaje judicial basado en falsas acusaciones.
