Se espera la entrega de indemnización administrativa para quienes siguen sin rehacer sus proyectos de vida.
La medida, ordenada por el Tribunal de Justicia y Paz, busca reparar los crímenes cometidos durante una de las etapas más violentas del conflicto armado en el departamento de Caldas. Una placa de bronce será instalada en el Parque Santander de La Dorada como símbolo de memoria, dignificación y reparación para más de 800 víctimas del paramilitarismo.
La iniciativa se materializará en agosto, luego de años de espera, miedo y silencio por parte de una comunidad profundamente golpeada por el accionar criminal de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, al mando de Ramón Isaza.
Los crímenes, cometidos entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000, incluyeron homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, desapariciones y confinamientos.
La información fue confirmada a través de un comunicado de prensa entregado por la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, en el que se precisó que la placa estará ubicada en el Parque Santander del municipio y se instalará en agosto, luego de varios encuentros de concertación con los afectados.
El pasado 28 de junio, más de 30 víctimas participaron en una reunión informativa en la que conocieron los detalles de la iniciativa.
Miguel Ángel Romero, una de las víctimas, relató que su padre fue asesinado por órdenes de Ramón Isaza en 1998. “Con apenas cuatro años tuve que huir con mi madre. Sólo pudimos regresar a La Dorada una década después, cuando el miedo disminuyó”, contó.
Katherine García Ochoa, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, aseguró que este tipo de medidas representan un paso crucial en los procesos de reparación colectiva.
“Reconocemos el compromiso de las víctimas y el trabajo articulado que ha permitido avanzar en la construcción de memoria y dignificación en La Dorada”, dijo.
La sentencia también contempla medidas como indemnización administrativa para quienes aún no han podido rehacer sus proyectos de vida.
La Unidad para las Víctimas sostuvo más de cinco encuentros con los afectados para concertar estas acciones, consideradas por las comunidades como esenciales tras décadas de abandono institucional.
