El servidor público alzó la voz en el Congreso Nacional de Personeros y pidió garantías para ejercer la labor en el terreno.
Leonardo Fabio Reales Chacón participó en el encuentro que reunió a representantes del Ministerio Público de todo el país en Bogotá. El objetivo es abordar la problemática que crece en silencio: falta de garantías y seguridad para ejercer la defensa de los derechos humanos.
La reunión, convocada por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, tuvo como eje central la alarmante cifra de personeros amenazados. Actualmente, son más de 100 casos activos, varios con medidas cautelares y otros bajo esquemas de protección.
“La integridad física, la honra y la vida de quienes ejercemos el Ministerio Público están en riesgo. Algunos han sido asesinados, otros viven bajo amenazas constantes y el Estado, aunque ha querido actuar, aún no logra frenar estas agresiones”, advirtió Reales en diálogo con 360 Noticias.
El panorama en Risaralda no es alentador. Según el personero, en el departamento se han presentado episodios crecientes de inseguridad, especialmente para funcionarios que trabajan en zonas rurales o municipios con presencia de grupos armados y economías ilegales.
“En Risaralda ya hay personeros que viven en zozobra. Por eso, pedimos que en la alerta temprana que expedirá la Defensoría Nacional se incluya específicamente a nuestro territorio”, señaló.
Reales explicó que los personeros son, en muchos casos, el primer contacto institucional para comunidades vulnerables, y por lo tanto, blanco frecuente de estructuras criminales que ven amenazada su operación.
“Somos quienes recogemos las denuncias, elevamos las alertas, exigimos presencia estatal y en ese ejercicio nos enfrentamos a intereses oscuros. No podemos permitir que el miedo silencie nuestra labor”, agregó.
Durante la jornada nacional, la Defensoría del Pueblo se comprometió a emitir en los próximos días una alerta temprana dirigida a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), instancia del Gobierno que deberá coordinar con la Unidad Nacional de Protección la activación de medidas concretas.
“La alerta no debe quedarse en el papel. Pedimos que se actúe antes de lamentar más vidas perdidas. La protección a los personeros no es una cuestión institucional, es un deber del Estado frente a quienes defendemos los derechos de otros”, concluyó Reales.
