El país continúa conmocionado tras conocerse el caso de una menor indígena de 17 años, perteneciente al resguardo Unificado Embera Chamí de Pueblo Rico, Risaralda, quien fue brutalmente golpeada, al parecer, por familiares cercanos, en hechos registrados en video que además se publicó en redes sociales.
En medio del repudio generalizado que ha generado el caso, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un pronunciamiento en el que calificó la agresión como una expresión de violencia estructural y sistemática contra la niñez y las mujeres en Colombia.
“Este no es sólo un caso aislado ni un hecho excepcional. Es la manifestación de una violencia que atraviesa a la niñez y las mujeres en todas las culturas, en todos los territorios y en toda la sociedad”, afirmó Marín Ortiz.
La defensora confirmó que, de acuerdo con información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la adolescente se encuentra estable, sin fracturas internas y bajo atención especializada, luego de haber sido atendida en el hospital San Rafael de Pueblo Rico por lesiones múltiples y signos de desorientación.
Según explicó Marín, la agresión no ocurrió bajo un esquema de justicia indígena ni fue ordenada por autoridades tradicionales, sino que se trató de un acto de violencia dentro de su entorno familiar. “Eso no mitiga la gravedad del hecho ni puede utilizarse como excusa para justificarlo”, advirtió.
Justicia propia no puede justificar violaciones
La funcionaria fue enfática en señalar que la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a administrar justicia propia no pueden ser usados para encubrir violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
“Ninguna tradición, costumbre o práctica cultural puede estar por encima del interés superior de la niñez. Así como exigimos justicia, también pedimos que este hecho no sea usado como instrumento de discriminación contra todo un pueblo”, añadió.
En su declaración, Marín Ortiz también denunció la proliferación de comentarios racistas y discursos de odio en redes sociales que han surgido tras conocerse el video, en los que, según dijo, se ha aprovechado el dolor de una víctima para desprestigiar a toda una comunidad étnica.
“No se puede luchar contra el machismo y la violencia de género desde el racismo. No se puede proteger a una niña violentada, despreciando la cultura a la que pertenece”, subrayó.
Cifras alarmantes
La Defensora del Pueblo reveló que, entre 2019 y 2024, Medicina Legal practicó más de 115.000 exámenes por delitos contra menores, de los cuales el 42% correspondía a víctimas entre los 10 y 13 años, y el 13% pertenecían a comunidades étnicas.
Además, se registraron 42.685 valoraciones por violencia intrafamiliar contra menores de edad, con un 52% de víctimas mujeres y un 11% de origen étnico.
“En la mitad de los casos, el agresor fue un familiar y en el 78% de los hechos, la violencia ocurrió en el hogar. Esto demuestra que el problema es profundo, extendido y estructural”, concluyó Marín.
