La Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años a Juan Felipe Rodríguez Arango, un trabajador de un jardín infantil del municipio de Soacha (Cundinamarca). El implicado no aceptó los cargos, pero un juez lo envió a un centro carcelario como medida preventiva.
La víctima es una niña de tres años. Según el material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, Rodríguez Arango habría aprovechado el rol que ejercía dentro de la institución para realizar actos de connotación sexual en dos ocasiones, 22 de abril y el 13 de mayo de 2024.
La situación fue advertida inicialmente por la madre de la menor, quien notó cambios súbitos en el comportamiento de su hija. Ante las señales de alerta, la llevó a un centro médico, donde especialistas identificaron signos físicos compatibles con agresión sexual.
Estos análisis permitieron activar el Protocolo de Atención Integral para Víctimas de Violencia Sexual. Posteriormente, unidades de la Seccional de investigación Criminal (Sijin) de la Policía de Cundinamarca capturaron a Rodríguez Arango en cumplimiento de una orden judicial.
La imputación del delito de actos sexuales con menor de 14 años fue realizada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soacha, en articulación con la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA).
Durante la audiencia de control de garantías, el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, la Fiscalía recibió una nueva denuncia que también involucra al hoy asegurado y a otra menor de edad.
Estos hechos están en proceso de verificación, mientras se recaudan nuevas evidencias y se esperan los dictámenes médico-legales correspondientes.
Las autoridades reiteraron el llamado a los cuidadores, padres y madres de familia para que reporten cualquier situación que comprometa el bienestar de los menores.
Los canales habilitados para la denuncia, entre ellos la línea 122 de la Fiscalía y el número 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Frente a este tipo de casos, las entidades encargadas han insistido en la importancia de brindar acompañamiento psicológico y jurídico tanto a las víctimas como a sus familias.
