Las diligencias judiciales, realizadas en coordinación con la Policía Nacional, permitieron ocupar propiedades distribuidas en Medellín, Puerto Triunfo, Marinilla, Sonsón y San Pedro de Urabá (Antioquia), con un avalúo preliminar superior a los 23.000 millones de pesos.
De acuerdo con el ente acusador, los activos incluyen viviendas, vehículos, motocicletas y sociedades comerciales, que habrían sido adquiridas con dineros provenientes del tráfico de cocaína.
Las investigaciones revelaron que estos bienes figuraban a nombre de personas cercanas a Hernán Mauricio Zuluaga Bustos, uno de los presuntos cabecillas del Clan del Golfo, recientemente extraditado a Estados Unidos, estrategia comúnmente usada por estructuras del narcotráfico para ocultar el origen ilícito del patrimonio y evadir el rastreo de las autoridades.
La cocaína, según el expediente, era enviada por vía marítima desde el Golfo de Urabá hacia destinos internacionales, lo que habría generado millonarias ganancias al interior del grupo criminal.
Las medidas impuestas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio incluyen la suspensión del poder dispositivo, el embargo, secuestro y la toma de posesión de los bienes, que quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de su custodia y posible aprovechamiento económico en beneficio del Estado.
