En un esfuerzo conjunto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía, y las empresas prestadoras del servicio público de energía hicieron un llamado urgente a las alcaldías municipales y a las autoridades territoriales para fortalecer los controles y la prevención en la construcción de viviendas.
El objetivo es evitar que éstas se acerquen peligrosamente a la infraestructura eléctrica. Esta práctica, que sigue siendo común en muchas zonas del país, ha sido responsable de la muerte de 1.823 personas en los últimos siete años, especialmente niños.
Durante el encuentro ‘Responsabilidades legales y normativas para la mitigación de riesgos de origen eléctrico’, las autoridades resaltaron la creciente problemática que pone en peligro la vida de miles de colombianos, debido a que no cumplen con las distancias de seguridad establecidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
Según el Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios, en los últimos siete años se registraron 2.099 accidentes de electrocución en Colombia.
De estos, el 30% de las víctimas fueron niños, lo que resalta la vulnerabilidad de este sector de la población frente a las condiciones de riesgo que se presentan en su entorno.
Las regiones más afectadas por estos trágicos sucesos son Atlántico y Bogotá, donde las violaciones a las distancias de seguridad y la manipulación indebida de las redes eléctricas son los factores más comunes que generan accidentes.
El objetivo de este llamado es que las autoridades locales, especialmente las alcaldías y las curadurías urbanísticas, se familiaricen con la normativa vigente y garanticen la seguridad de sus comunidades a través de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Estos planes deben incluir medidas específicas que aseguren el adecuado desarrollo de la infraestructura energética, la identificación de riesgos y la corrección de irregularidades en las construcciones existentes.
En caso de incumplimiento, las autoridades locales podrían imponer sanciones e incluso ordenar la demolición de obras que representen un peligro para la comunidad.
