La organización delincuencial es señalada de manejar sus finanzas desde la cárcel y ordenar homicidios en el área metropolitana, ahora es el foco de una nueva ofensiva por parte de las autoridades.
Durante su visita a la capital risaraldense, el general José Luis Ramírez, director nacional del Servicio de Policía, anunció una serie de estrategias tras un consejo de seguridad extraordinario convocado este lunes.
El panorama es preocupante: sólo entre octubre y noviembre se han registrado más de 35 homicidios en la ciudad, en su mayoría atribuidos a una disputa interna por el control de la organización.
Según Ramírez, la lucha de poder entre facciones de Cordillera ha incrementado los niveles de violencia en la región.
Como parte de la estrategia, una comisión especializada de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJÍN), enfocada en el lavado de activos, llegará a Pereira para investigar empresas locales que podrían estar relacionadas con Cordillera.
“Podríamos hablar de compraventas, constructoras, inmobiliarias y otras empresas con posibles vínculos con el narcotráfico”, explicó el general Ramírez.
Además, una segunda comisión de la DIJÍN, en conjunto con la DEA, investigará la presunta salida de estupefacientes desde el Aeropuerto Internacional Matecaña, al menos eso dio entender el general Rodríguez durante su intervención ante los medios de comunicación.
Las autoridades también solicitarán al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el traslado de alias ‘Lalo’, supuesto líder de la banda, desde el centro penitenciario La 40 a una cárcel de alta seguridad en Bogotá.
Adicionalmente, se fortalecerá la presencia policial en Pereira con el envío de nuevos oficiales y patrulleros para reforzar la capacidad operativa de la SIJÍN y garantizar un control más efectivo en las zonas críticas de la ciudad.
La lucha contra Cordillera es un reto que las autoridades han enfrentado durante años, pero la reciente escalada de violencia ha intensificado las alarmas.
Los homicidios, extorsiones y disputas internas han afectado gravemente la percepción de seguridad en la capital risaraldense.
