Un estudio científico a 153 habitantes de Santa Rosa de Cabal, reveló que el 71% de los participantes presentaba arsénico en su cuerpo, siendo el 40% detectado en el cabello, una muestra sensible de exposición de este metal por el consumo de agua. Además, el 19% de estas personas mostraron signos clínicos relacionados con la presencia de este mineral.
En la sesión de este jueves, de la Asamblea Departamental de Risaralda, el diputado del Centro Democrático, Durguez Espinosa, protagonizó un debate sobre la calidad del agua, en el cual expuso la preocupante presencia de altos niveles de arsénico en el suministro del vital líquido, señalando los riesgos asociados para la salud de los habitantes de ese municipio y parte de Dosquebradas.
Recordó que, hace aproximadamente siete años, el gobierno departamental adquirió un instrumento para detectar metales pesados en el agua consumida. Los resultados de los exámenes realizados demostraron que, en Santa Rosa de Cabal, especialmente durante el verano y en lugares específicos, los niveles de arsénico superaban las cifras permitidas para el consumo humano.
El diputado presentó la tesis de grado de la doctora Johana Marcela Umaña, quien realizó un estudio científico sobre 153 personas en Santa Rosa de Cabal. Este estudio reveló que el 71% de los participantes presentaba arsénico en su cuerpo.
Los estudios también demuestran que la exposición prolongada al arsénico puede ocasionar enfermedades como hepatitis, de la piel y cáncer gástrico, entre otras. Asimismo, insistió en la necesidad de abordar esta problemática de manera urgente para evitar consecuencias perjudiciales para la salud de los habitantes de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas.
El debate también se centró en la fuente hídrica principal, el río Campo Alegrito, que abastece de agua a Santa Rosa y a parte de Dosquebradas. A pesar de los esfuerzos realizados para remover el arsénico, el diputado resaltó que cambiar la fuente hídrica es la solución fundamental.
En este sentido, mencionó el proyecto del Plan Departamental de Aguas, respaldado por el gobierno de Juan Diego Patiño, que busca gestionar cerca de 40.000 millones de pesos para cambiar la fuente hídrica y garantizar agua potable a los habitantes de la zona.
