La Procuraduría General de la Nación emitió un alerta debido a las deficiencias en la adquisición y preparación de alimentos y deterioro de las instalaciones que sirven de tránsito para ciudadanos que están en proceso judicial.
El ente visitó a cinco centros de detención transitoria en Risaralda, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, y encontró un hacinamiento de 144 % en los centros de detención transitorios de este departamento.
En un comunicado de prensa, el ministerio público señaló que este problema está generando serios problemas de salud y vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Frente a la grave situación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, sostuvo una mesa de trabajo interinstitucional en la que se hicieron compromisos para solucionar lo antes posible la crisis.
Entre los más importantes está la suscripción de convenios entre los entes territoriales y el INPEC para el traslado de sindicados a establecimientos de reclusión del orden nacional que permita disminuir el hacinamiento lo antes posible.
También se definieron brigadas de salud quincenales para garantizar la atención de los internos y monitorear posibles brotes de enfermedades, además de la creación de un fondo común entre gobernación y alcaldías para mejorar la infraestructura de los centros.
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