Hoy, en Risaralda no se está tomando agua apta para el consumo humano y eso lo saben los organismos de control. El panorama no es el más alentador cuando se habla de acceso al agua potable; el cual es esencial para la salud pública y la seguridad de los habitantes.
La Contraloría Departamental, como ente de control fiscal, reconoce la gravedad de esta situación y se propone liderar una iniciativa que trascienda sus funciones tradicionales. El enfoque no es sólo auditar y supervisar, sino también impulsar acciones concretas que aborden las deficiencias identificadas en la potabilización del agua en los acueductos rurales.
Recientemente, el contralor Giovanny Arias habló con Noticias360 Digital y señaló que “los acueductos rurales, en su gran mayoría, están rajados en la potabilización.
El Índice de Riesgo para la Calidad del Agua Potable (IRCA) entregó un informe sobre la calidad del vital líquido y allí se asegura que, aproximadamente, el 84% de los acueductos rurales evaluados presentan un riesgo alto para el consumo.
Frente a esta problemática, la Contraloría Departamental asegura que se va a convocar a la ciudadanía para que participe en la promoción de una ordenanza ante la Asamblea para garantizar que se comiencen a dar pasos seguros hacia el mejoramiento del vital líquido.
“Los acueductos rurales tienen un retraso fuerte en el impacto de mejoramiento de esta medición. El único fin es dar a cada uno de los ciudadanos que consumen este bello líquido, la capacidad de determinar qué tipo de agua están tomando”, agregó.
La Contraloría señaló que se debe trabajar en la competencia de los entes que son responsables de todo el tema de mejoramiento del agua. “Lo que tenemos que hacer es gestionar por el lado de lo que nos toca a todos servidores públicos y por otro mirar que los recursos que se puedan llegar a destinar, se inviertan correctamente·, agregó.
