Según la Fiscalía, Alias Lucas habría aportado recursos y medios para que más de 20 hombres armados incursionaran en un corregimiento de Ituango, Antioquia. Los hechos estarían relacionados con la masacre de cuatro personas, entre ellas un joven con discapacidad cognitiva.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró abundante evidencia y prueba testimonial para resolver la situación jurídica de Jacinto Alberto Soto Toro. Por esa razón, ordenó su detención en un centro carcelario ante la posible participación en la masacre de La Granja.
Los hechos ocurrieron en zona rural de Ituango, el 11 de junio de 1996. Alias Lucas sería el presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (UCCU).
Según, Jacinto Alberto Soto habría sido el encargado de pagar la nómina y abastecer de armas, recursos, material de intendencia y otros elementos a organizaciones paramilitares que ejecutaron varios homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad.
Además, los asesinatos constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1996 y 1998. En ese sentido, se estableció que, desde la señalada oficina de alias Lucas, ubicada en el Parqueadero Padilla, en Medellín (Antioquia), al parecer, se planeó todo.
Desde esa misma sede se habría remitido el dinero para que una estructura armada irrumpiera al corregimiento La Granja y buscara con lista en mano a habitantes señalados equivocadamente de apoyar a otras organizaciones ilegales de la región.
Durante el recorrido, el grupo perteneciente al entonces Bloque Mineros asesinó a cuatro personas que estaban en las viviendas o lugares de trabajo, entre ellas una mujer, un joven con discapacidad cognitiva y un profesor.
Por estos hechos, Jacinto Alberto Soto Toro seguirá vinculado como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir agravado.
La medida de aseguramiento será comunicada a las autoridades competentes y a las directivas de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde alias Lucas permanece privado de la libertad por otro proceso que se sigue en su contra.
