El operativo liderado por la Fiscalía afectó bienes de las redes de trata de personas: Tango y Las Vegas, que inducían a la prostitución a menores de edad y mujeres vulnerables en Bogotá, Antioquia, Atlántico y Guaviare. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio lideró el operativo que puso al descubierto varias situaciones en Bogotá, Antioquia, Atlántico y Guaviare.
Durante la operación, se ocuparon 29 inmuebles, entre urbanos y establecimientos comerciales, que formaban parte del patrimonio ilícito de las dos organizaciones criminales: Tango y Las Vegas. Según las investigaciones, ma as estarían involucradas en el tráfico y explotación sexual de menores y mujeres en situaciones económicas precarias.
El impacto de estas redes ilegales, que operaban en las localidades de Mártires y Teusaquillo en Bogotá, así como en Sabanalarga (Atlántico), Bello y Medellín (Antioquia) y San José del Guaviare (Guaviare), es desgarrador. La investigación de la Fiscalía reveló que las víctimas, muchas de ellas ciudadanas venezolanas, eran sometidas a vejámenes, obligadas a sostener relaciones sexuales con múltiples personas, trabajar en condiciones inhumanas y consumir drogas.
Las 169 personas capturadas por la comisión de este delito en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, junto con las 188 imputaciones logradas, muestran el arduo trabajo de las autoridades en la lucha contra la trata de personas en el país. Además, la Fiscalía obtuvo 62 condenas, reafirmando su compromiso en perseguir y castigar a quienes perpetúen esta grave violación a los derechos humanos.
Los bienes afectados con medidas cautelares, valorados preliminarmente en más de 15.400 millones de pesos, fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. Estas acciones representan un paso contundente en el combate contra la trata de personas en Colombia y envían un mensaje claro a aquellos que se benefician del sufrimiento de los más vulnerables: la justicia prevalecerá y su patrimonio ilegal será desmantelado.
Tras la ocupación de los bienes pertenecientes a las redes criminales Tango y Las Vegas, se revelaron impactantes testimonios de las víctimas, que mostraron la magnitud de los horrores a los que fueron sometidas durante su cautiverio. Entre ellas, destacan las declaraciones de una ciudadana venezolana que fue engañada con falsas ofertas de empleo en Sabanalarga (Atlántico).
La madre de dos menores de edad, quien llegó a Colombia con la esperanza de un mejor futuro, narró cómo las responsables de la organización le exigieron un pago exorbitante de 6 millones de pesos por los gastos de traslado al país. Además, otras mujeres con dificultades económicas también se convirtieron en víctimas de la red de trata, que operaba en cuatro inmuebles en la zona.
El horror continuó en la ciudad de Medellín, donde se encontraron evidencias de una organización de trata de personas que enviaba a sus víctimas a Europa para ser explotadas sexualmente. Entre las víctimas se destacan tres menores de edad, dos de ellas de 10 y 14 años, quienes eran obligadas a sostener relaciones íntimas con varios hombres. Estas jóvenes, una vez en el extranjero, se encontraron con una deuda de más de 12.000 dólares por supuestos gastos de traslado.
Las investigaciones también revelaron que en San José del Guaviare, menores de edad eran instrumentalizadas sexualmente en casas, bares y hoteles. Una niña de tan solo 13 años era sometida a abusos por parte del dueño de la casa donde vivía, quien la obligaba a incurrir en conductas sexuales en establecimientos comerciales donde también ingresaban otros niños, niñas y adolescentes.
Ante estas evidencias, los fiscales de extinción del derecho de dominio actuaron con determinación y afectaron los bienes de las organizaciones criminales responsables de estos atroces actos. El patrimonio ilegal de estas redes, valorado en más de 15.400 millones de pesos, fue puesto bajo medidas cautelares y entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Este desmantelamiento representa un paso significativo en la lucha contra la trata de personas en Colombia, pero también es un recordatorio de la importancia de la cooperación y el trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil para erradicar este delito y proteger a los más vulnerables.
