La Secretaría de Educación reportó 56 sedes en rojo, recursos para reparaciones y afectaciones emocionales entre docentes del departamento.
Principalmente, la problemática se focaliza entre Santa Rosa de Cabal, Mistrató y Pueblo Rico, localidades que de manera conjunta perdieron 315 estudiantes, lo que representa el 82% de la deserción registrado en el departamento. El balance negativo lo completan Quinchía (-36), Santuario (-31), Belén de Umbría (-29) y Marsella (-1).
Las consecuencias del terremoto del 10 de agosto comienzan a reflejarse en las aulas de Risaralda. Mientras miles de estudiantes intentan recuperar la normalidad académica, la infraestructura escolar sigue bajo evaluación y las autoridades buscan recursos para reparar los establecimientos afectados.
Así lo expuso Dora Ligia Agudelo Martínez, secretaria de Educación departamental, durante la sesión de la Asamblea de este miércoles 21 de octubre, en la que presentó el balance del sector y las proyecciones presupuestales.
La funcionaria reveló que un número significativo de estudiantes se retiraron entre agosto y octubre. Aunque la cifra representa una proporción pequeña, la Administración departamental considera que constituye una señal de alerta para el próximo año académico.
“Hemos disminuido 300 estudiantes de toda la matrícula que tenemos. Esto, aunque es un porcentaje pequeño, significa el 0,78 % del total de la matrícula, pues nos comienza a dar esa alerta de lo que puede estar pasando para el año 2027”, agrego.
Daños estructurales
El balance de infraestructura comprende 589 sedes educativas en el departamento, de las cuales 306 contaban con concepto técnico al momento de la presentación.
La secretaria precisó que 56 estaban clasificadas en rojo y otras 85 en amarillo, categorías que reflejan distintos niveles de afectación y restricciones de uso.
La clasificación amarilla significa que algunas aulas pueden utilizarse parcialmente, mientras se determinan las intervenciones necesarias. Por su parte, el concepto de habitabilidad no implica que un establecimiento se encuentre completamente habilitado, pues algunas instalaciones todavía requieren adecuaciones.
Para atender los daños, el departamento anunció una bolsa de $25.208 millones destinada a intervenir cerca de 90 sedes educativas, mediante diferentes fuentes de financiación.
Entre las iniciativas mencionadas figuran recursos departamentales, aportes de entidades y gestiones ante el Gobierno Nacional.
Según la exposición, 35 instituciones educativas recibirían intervenciones por $3.108 millones, proceso que se encontraba en etapa de adjudicación.
También se contemplaron actuaciones en otras sedes mediante recursos de regalías y contribuciones gestionadas con distintas organizaciones.
La Secretaría informó, además, que 122 sedes quedaron incluidas en un proceso nacional para mejoras o reparaciones, de acuerdo con las condiciones identificadas. La ejecución de estas intervenciones dependerá de los procedimientos y recursos correspondientes.
Regreso a las aulas
En materia de continuidad académica, Agudelo Martínez indicó que cerca del 80 % de los estudiantes había regresado a la presencialidad.
No obstante, en los establecimientos donde las condiciones físicas impiden retomar las clases con normalidad, se mantienen alternativas virtuales, semipresenciales, híbridas o de alternancia.
La funcionaria aseguró que los equipos de la Secretaría han realizado visitas para conocer las condiciones de las instituciones y verificar la prestación del servicio.
El propósito es evitar que las dificultades derivadas de la emergencia interrumpan la formación de niños, niñas y adolescentes.
Salud mental de los docentes
La emergencia también puso en evidencia necesidades de acompañamiento emocional entre los integrantes de la comunidad educativa.
De acuerdo con los resultados de una evaluación mencionada durante la sesión, el 23 % de aproximadamente 2.700 docentes presentaba afectaciones en su salud mental.
La secretaria explicó que se organizaron espacios virtuales de escucha para identificar las dificultades de los maestros y establecer redes de apoyo para estudiantes, familias y trabajadores de la educación.
“Desafortunadamente, los docentes nos reflejaban, sobre un estudio que hicimos de 2.700 docentes, que el 23 % de nuestros docentes tenían una afectación de salud mental”, expresó Agudelo Martínez al explicar la necesidad de fortalecer la atención psicosocial después del terremoto.
En las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Educación se obtuvo una preaprobación para incrementar en 15 el número de docentes orientadores en Risaralda.
La Secretaría anunció que enviaría una solicitud formal para avanzar en esta ampliación, teniendo en cuenta la dispersión de las 589 sedes y las dificultades para atender a las comunidades rurales.
Presupuesto para 2027
Durante la sesión también se presentó la distribución de los recursos destinados al sector educativo. La secretaria expuso una cifra cercana a $405.000 millones, equivalente aproximadamente al 36 % del presupuesto departamental.
Según la presentación, la mayor proporción corresponde a gastos administrativos, especialmente nómina y obligaciones relacionadas con docentes, directivos y personal de las instituciones.
Otras partidas financian alimentación escolar, infraestructura, conectividad, educación superior y programas para mejorar la calidad académica.
En educación superior, la funcionaria señaló que se contemplan $4.000 millones para garantizar la continuidad de cohortes existentes, en medio de las dificultades para abrir nuevos grupos de formación profesional.
También mencionó proyectos de bilingüismo, innovación educativa, ciencia y tecnología, junto con iniciativas de emprendimiento para estudiantes.
