Los investigadores establecieron que el niño sufrió 35 lesiones antes de morir. Responsabilizaron a la madre por omisión.
Una década después de la muerte del niño de cuatro años, las autoridades volvieron a poner el caso en primer plano. Recientemente, su madre, Deisy Tatiana Granada Contreras, fue ubicada en Belén de Umbría y quedó a disposición de la justicia para que cumpla condena de 37 años y seis meses de prisión.
Granada Contreras tiene 31 años y es natural de Guática, departamento de Risaralda. Las autoridades la señalan de ser una de las responsables de su propio hijo.
La sentencia reconstruyó una escena que ocurrió el 17 de junio de 2016 en una finca de Silvania, Cundinamarca, donde el menor sufrió una agresión que terminó causándole la muerte.
El expediente judicial detalla lesiones externas e internas y establece la responsabilidad que tuvo cada uno de los adultos vinculados al caso.
Según el informe forense, el menor presentaba 35 heridas internas y externas, además de la lesión cervical que le causó la muerte.
La investigación también determinó que no era el primer acto de maltrato y que su madre se encontraba presente durante cada episodio, incluyendo el que terminó con la vida del pequeño.
Lo que dijo la justicia
Durante la sentencia se dijo que Nolberto de Jesús Betancourth Millán cometió la agresión física. Según el expediente, lo golpeó y lo zarandeó con tanta fuerza que el niño sufrió una luxofractura entre las primeras vértebras cervicales, además de sangrado interno que comprometió su cerebro.
Por su parte, Deisy Tatiana Granada Contreras, madre del menor, conocía las agresiones y no actuó para impedirlas. Después de los hechos, entregó ante las autoridades y personal médico una versión diferente de lo ocurrido.
Por esta razón, la mujer quedó vinculada como coautora del homicidio agravado y recibió una condena de 450 meses de prisión, equivalentes a 37 años y seis meses.
La orden de captura se expidió el 28 de julio de 2026 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Fusagasugá. La Policía confirmó el requerimiento el 30 de septiembre, después de ubicarla en una zona céntrica de Belén de Umbría.
La captura permitió hacer efectiva una decisión judicial que había quedado en firme tras la decisión de segunda instancia del 11 de junio de 2026.
