El próximo mes comenzará la discusión del presupuesto, escenario que podría abrir la puerta a la reforma planteada.
El descuento en estampillas puede representar una fuerte reducción del primer pago que reciben los contratistas de la Gobernación de Risaralda. El diputado Javier Darío Marulanda anunció que impulsará una reforma para que ese cobro pueda distribuirse durante la ejecución de los contratos y no concentrarse inicialmente.
La propuesta surgió luego de que Marulanda cuestionara el impacto que genera el mecanismo actual, especialmente en quienes comienzan a trabajar después de varios meses sin ingresos y deben asumir simultáneamente el pago de la seguridad social.
“Si le van a pagar 4 millones de pesos, descuente 450, que es el 10,5 de las estampillas de ese mes, no todas al inicio”, explicó el diputado al plantear el esquema que pretende llevar a la Asamblea Departamental.
El dirigente puso como ejemplo un contrato de $4 millones mensuales durante 10 meses. Bajo ese escenario, el valor acumulado de las estampillas puede superar los $4 millones, una suma que, según señaló, puede dejar al contratista sin recursos suficientes para cubrir sus obligaciones durante el primer periodo.
“Ni siquiera con el primer pago alcanza a cubrirlo. Mejor dicho, el primer pago se levanta las estampillas y queda debiendo 500.000 pesos y tiene que pagar seguridad social”, afirmó el diputado.
¿Por qué cambiar?
marulanda sostiene que la alternativa consiste en realizar descuentos proporcionales conforme avancen los pagos. De esa manera, un contrato de varios meses tendría un descuento distribuido entre las diferentes mensualidades, en lugar de concentrar la totalidad del cobro al comienzo.
La administración departamental mantiene una posición diferente. Según explicó Marulanda, la Gobernación considera necesario garantizar desde el inicio el recaudo de estos recursos porque las estampillas tienen destinación específica para programas y sectores como salud, deporte, adulto mayor, cultura y prodesarrollo.
También existe una preocupación relacionada con los contratos que terminan antes de lo previsto. Una renuncia, una cesión o una liquidación anticipada puede dificultar el recaudo posterior de los valores pendientes, argumento que la administración utiliza para defender el mecanismo vigente.
Sin embargo, Marulanda considera que ese riesgo administrativo no debería trasladarse completamente a quienes dependen de esos ingresos.
“No le podemos trasladar ese riesgo y esa responsabilidad a un contratista con el primer pago”, sostuvo el diputado.
Para modificar el sistema, la Asamblea Departamental tendría que reformar el Estatuto Tributario de Risaralda mediante una ordenanza. Marulanda anunció que presentará la propuesta durante la discusión que se avecina.
“Hay que ir muy al fondo para reformar el estatuto tributario del departamento, pero para eso estamos los diputados para poder hacer esas reformas”, señaló.
Otros ya lo hicieron
El diputado también aseguró que existen antecedentes en otros departamentos donde se han implementado mecanismos diferentes para distribuir el descuento, argumento que utilizará como referencia para sustentar su iniciativa.
Mientras esa reforma llega a discusión, la Asamblea aprobó una medida excepcional para los contratistas que ingresen durante los últimos meses de 2026. En estos casos, el descuento de las estampillas no se aplicará en el primer pago, sino en el último.
Marulanda reconoció que prefería una distribución durante los meses restantes del año, pero respaldó la alternativa ante el riesgo de que los nuevos contratistas recibieran el descuento completo al comenzar su vinculación.
“Yo hubiese querido que fuera en los tres meses, si era septiembre, octubre, bueno, en el cuatro, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero no, la administración dijo que en el último”, explicó.
El cambio para los nuevos contratistas tiene carácter temporal. La iniciativa que prepara Marulanda pretende modificar las reglas de manera permanente para los contratos del próximo año, siempre que consiga avanzar y obtener aprobación en la Asamblea.
El debate que comenzará con la discusión presupuestal permitirá conocer si la propuesta logra convertirse en una reforma al Estatuto Tributario y, eventualmente, cambiar la forma en que los contratistas afrontan este descuento.
