Fuentes judiciales entregaron nuevos datos de la investigación. El entorno de las víctimas y qué se dijo durante la audiciencia.
La investigación por presunta explotación sexual de menores en zona rural del municipio de Quinchía tomó un nuevo rumbo. Durante la última audiencia se establció que las autoridades recuperaron a dos niñas de 9 y 13 años, pero también a un niño de aproximadamente seis años.
El caso, que conmociona a Risaralda, involucra a dos mujeres y al compañero sentimental de una de ellas. Los tres permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso penal. Según la Fiscalía, los hechos investigados habrían ocurrido entre octubre de 2025 y abril de 2026 en la vereda Isambrá, donde convivían los menores y los hoy procesados.
Durante la diligencia judicial se conocieron nuevos elementos del expediente. De acuerdo con el ente acusador, a los menores de 6 y 9 años presuntamente los obligaban a presenciar actos sexuales entre adultos dentro de la vivienda, hechos que forman parte de la investigación y cuya verificación continúa en curso.
La Fiscalía también expuso que a la adolescente de 13 años, supuestamente, la sometían a situaciones de explotación sexual. Dentro de las líneas investigativas, las autoridades indagan si otros adultos de la zona habrían tenido contacto sexual con la menor, al parecer a cambio de pagos de dinero.
¿Qué pasó con la mamá?
Otro de los elementos que modificó el contexto del caso corresponde a la situación de la madre de las víctimas. Contrario a versiones iniciales, durante el proceso se conoció que no habría fallecido, sino que actualmente se encuentra privada de la libertad por hechos presuntamente similares.
Es decir, que la madre supuestamente cometió el delito de explotación sexual de menores. Las víctimas, al parecder, sus hijas mayores. Las mismas que hopy están tras las rejas por delitos contras sus hermanas menores.
Según el expediente, los menores sufrieron sometimientos, amenazas, maltrato, aislamiento y restricciones alimentarias, además de presuntos castigos cuando intentaban oponerse o relatar lo ocurrido.
La investigación avanzó tras labores de policía judicial y de la Fiscalía que condujeron a un allanamiento realizado el 19 de mayo en la vivienda ubicada en zona rural de Quinchía. Durante el operativo, las autoridades incautaron teléfonos celulares y memorias USB que ahora integran el material probatorio.
Tras las audiencias preliminares, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres procesados, mientras la protección y restablecimiento de derechos de los menores quedó bajo seguimiento de autoridades competentes.
