Cali, Medellín y Bogotá figuran entre las ciudades investigadas por operar cámaras sin cumplir requisitos exigidos por la ley.
Las irregularidades se remontan a los años 2018 y 2019, periodo en el que varias secretarías de tránsito del país, habrían operado cámaras sin las certificaciones que exige la ley. Más de $1,05 billones recaudados por comparendos ya pagados entraron en revisión.
La decisión la anunciaron de manera conjunta la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, luego de identificar presuntos incumplimientos técnicos en 37 organismos de tránsito del país relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, más de 7,5 millones de comparendos están bajo revisión administrativa. Otros 5,8 millones de multas que aún no se han pagado, las autoridades territoriales tendrán que revocarlas.
La investigación determinó que varios organismos iniciaron operaciones sin el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para certificar la confiabilidad de estos sistemas y garantizar la legalidad de las sanciones impuestas.
Hallazgos comprometen a organismos de tránsito
Entre las irregularidades detectadas, la SuperTransporte estableció que 12 organismos comenzaron a operar sin concepto técnico, siete lo hicieron con certificaciones expedidas a terceros y 18 obtuvieron los avales después de haber puesto en marcha los sistemas.
Las ciudades y municipios involucrados incluyen Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la medida busca restablecer la legalidad del sistema. “Las cámaras de fotodetección cumplen un papel muy importante y por supuesto tienen que seguir funcionando, pero cumpliendo la ley”, afirmó.
La funcionaria añadió que “por ahora 5,8 millones de comparendos realizados entre 2018 y 2019 quedarán sin validez”, al tiempo que precisó que cerca de dos millones de multas ya pagadas entrarán en proceso de revisión para ordenar la devolución de recursos.
Millonarias devoluciones y sanciones
Según cifras oficiales, la ciudadanía ya pasó 1.582.398 comparendos, lo que representa recaudos superiores a $1,05 billones.
De confirmarse las irregularidades, los organismos de tránsito podrían verse obligados a reintegrar esos recursos y además asumir sanciones equivalentes al doble del dinero cobrado. El monto total podría superar los $2,1 billones, de acuerdo con la Ley 2251 de 2022.
“Se debe pagar por parte de los organismos de tránsito una multa del doble del valor que se cobró en esos comparendos”, explicó la ministra, al insistir en que las autoridades territoriales deben asumir las consecuencias administrativas y económicas.
El Gobierno también ordenó que los más de 5,8 millones de comparendos pendientes de pago se revoquen de oficio, al considerar que los impusieron sin cumplir los requisitos previos exigidos por la regulación vigente.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, sostuvo que la actuación no busca debilitar los mecanismos de control vial, sino depurar su funcionamiento. “No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades”, señaló.
Desde el Ministerio de Transporte reiteraron que las cámaras de fotodetección continuarán operando en el país, pero únicamente bajo estricto cumplimiento técnico y jurídico.
