Una investigación expuso detalles sobre la captación de menores, pagos y envío de material ilegal hacia el exterior.
La Fiscalía General de la Nación narró en audiencia los detalles de cómo un ciudadano mexicano solicitó la realización videos de accesos carnales y otros actos sexuales mediante promesa de pago en dinero a varios menores de 18 años. Son siete, las personas adultas vinculadas a este caso.
En el relato señalan a un hombre identificado como Seín Quezada Ríos, conocido como Carlos Fernández o ‘el mexicano’, quien sería el responsable de instrumentalizar a los jóvenes para que ofrecieran dinero a cambio de consiguir a otros niños para sostener encuentros sexuales.
Según el ente acusador, los hechos se habrían presentado entre junio de 2024 y agosto de 2025 en distintos sectores de Medellín, entre ellos el corregimiento San Cristóbal, los barrios San Miguel y Santa Lucía, así como el sector de Las Palmas.
En estos lugares, los investigados, de acuerdo con la Fiscalía, habrían ubicado a niños, niñas y adolescentes en entornos cercanos, incluyendo vecindarios y zonas aledañas a instituciones educativas.
Instrumentalizaron a menores
La investigación también indica que el ciudadano mexicano, directamente o a través de terceros, habría abordado a las víctimas y, mediante ofrecimientos económicos que oscilaban entre los 80.000 y un millón de pesos, para convencerlas de desplazarse a su lugar de residencia.
Allí, según el material probatorio, se habrían cometido actos de abuso y se obtenía material audiovisual con contenido ilegal, que posteriormente compartía a contactos internacionales, principalmente en Estados Unidos, a través de sistemas de mensajería instantánea, con fines comerciales.
El ente acusador también señaló que varios de los implicados habrían utilizado a los propios menores para ampliar la red, induciéndolos a contactar a otras posibles víctimas. En algunos casos, agrega la investigación, esta dinámica habría contado con la participación de personas del entorno familiar.
Por estos hechos, fiscales imputaron a siete personas por delitos de explotación sexual comercial de menores de 18 años, acceso carnal abusivo, pornografía con menores agravada, uso de menores para la comisión de delitos y proxenetismo.
Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los procesados, al considerar la gravedad de las conductas y el riesgo para la comunidad.
Varios de los menores identificados ya fueron recuperados y quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de restablecer sus derechos y brindar acompañamiento integral.
