Fiscalía destapó la operación minera que vertía sustancias tóxicas y causaba graves afectaciones ambientales en una zona rural.
La minería clandestina deterioraba el río Quinamayó. Once personas quedaron judicializadas por presuntos delitos ambientales tras la intervención a un complejo de extracción ilegal de oro en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca.
Con esta operación, las autoridades lograron descubrir una estructura que, según las autoridades, causaba graves afectaciones al ecosistema mediante prácticas extractivas sin permisos legales.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los capturados, sorprendidos en flagrancia durante un operativo adelantado en coordinación con unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en la vereda La Alegría.


Un documento oficial dice que, los implicados realizaban actividades de explotación minera en las modalidades de socavón y aluvión, utilizando métodos no convencionales de extracción que incluían vertimiento de sustancias tóxicas y disposición irregular de residuos sólidos.
Una estructura montada
Durante la intervención, hallaron dos motores, dos motobombas, cuatro dragas tipo buzo, seis clasificadoras de oro y tres taladros percutores, elementos que hacían parte de la infraestructura instalada para sostener la explotación clandestina.
Según Fiscalía, utilizaban equipos para triturar el material extraído, drenar socavones y separar el oro, en una dinámica que habría operado de manera sistemática en esa zona rural del norte del Cauca.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, ecocidio y contaminación ambiental por explotación minera.
Ninguno de los once capturados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer si detrás de esta operación existiría una estructura criminal de mayor alcance dedicada a financiar actividades extractivas ilegales en la región.
