Las víctimas tienen entre 22 y 28 años. Señalan presiones sexuales para acceder a contratos y manipulación administrativa.
Una denuncia anónima reveló un caso delicado y que involucra a un funcionario de la Gobernación de Risaralda. “Un funcionario con poder sobre contratos habría condicionado oportunidades laborales, a cambio de favores sexuales”.
360 Noticias conoció que hay al menos siete víctimas. Las versiones, aún sin formalización judicial, apuntan a hechos reiterados dentro de una de las secretarías del departamento.
Las presuntas mujeres afectadas comparten características similares: mujeres jóvenes, entre 22 y 28 años, muchas de ellas madres solteras o con necesidades económicas urgentes.
De acuerdo con el testimonio, el supuesto acosador tendría control sobre trámites clave, lo que le permite retrasar procesos, objetar documentos o dilatar firmas bajo argumentos administrativos.
“Estas trabas desaparecían cuando las mujeres accedían a insinuaciones o requerimientos de tipo sexual”, dijo la denunciante.
Presiones, mensajes y tocamientos
Las versiones coinciden en que el acoso no se limitó a insinuaciones verbales. Las mujeres describen el uso de mensajes digitales de visualización única, en los que el señalado enviaría imágenes explícitas acompañadas de frases como: “mira lo que te estás perdiendo”.
Al parecer, este tipo de contenido, al no dejar rastro visible, complica la recolección de pruebas inmediatas. Sin embargo, el elemento más grave de las denuncias apunta a lo ocurrido dentro de las instalaciones oficiales.
Las víctimas aseguran que hubo tocamientos indebidos en oficinas, incluyendo contacto físico no consentido en partes íntimas y conductas que, según relatan, cruzan los límites del acoso hacia posibles delitos de mayor gravedad.
Algunas versiones indican que el funcionario habría tomado las manos de las mujeres para forzarlas a tocar su órganos masculinos, mientras otras relatan episodios de contacto físico directo sin consentimiento.
Todo esto, presuntamente, habría ocurrió en espacios laborales y durante jornadas de trabajo. “El miedo a perder el sustento económico aparece como un factor determinante”, agregó la denunciante.
Una de las víctimas, según, habría desistido de continuar el proceso contractual tras rechazar al funcionario. Otra, con una condición médica delicada, habría evitado acudir a la oficina.
Advertencias, pero sin denuncia formal
A pesar de que la denuncia es grave, no existe hasta el momento una denuncia formal ante la Fiscalía, lo que ha impedido el inicio de investigaciones disciplinarias o penales.
En ese contexto, Litza Roldán, secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social, dijo que existen limitaciones institucionales por la ausencia de denuncias formales, pero agregó que “con denuncias o sin denuncias, la administración departamental debe garantizar los derechos de las mujeres“.
“Se está trabajando para institucionalizar la ruta de atención a mujeres en caso de este tipo de acosos”, aseguró, al referirse a los mecanismos que buscan fortalecer la respuesta de la administración frente a posibles casos de violencia de género en el entorno laboral.
La funcionaria también enfatizó que la actuación administrativa depende directamente de que las víctimas formalicen sus casos, lo que, según indicó, es el principal obstáculo.
“Es un caso muy delicado que no queremos que ocurra en la administración, pero ante la falta de denuncia formal no es mucho lo que podamos hacer”, señaló.
Condenan desde la Asamblea
El caso, sin embargo, ya había generado alertas. El diputado Jaime Duque hizo pública en la Asamblea laexistencia de denuncias anónimas relacionadas con acoso laboral y sexual, aunque sin identificar al presunto responsable.
“Nos preocupa sobremanera lo que está pasando”, afirmó el diputado en una conversación con este medio. Además, hizo un llamado a las víctimas a denunciar y ofreció acompañamiento.
Según explicó, en su momento se instó a la administración a revisar posibles quejas internas, pero la ausencia de denuncias formales limitó cualquier actuación institucional.
De acuerdo con versiones conocidas por este medio, el comportamiento del funcionario habría tenido picos de intensidad, pero disminuyó tras la exposición pública del tema en la Asamblea.
