El acusado aceptó cargos mediante un preacuerdo, lo que podría implicar una reducción de la pena en al menos 18 años de cárcel.
La noche del 16 de julio de 2025, el pesista Juan Esteban Peña Bolívar, de 22 años, salió a cumplir un servicio de transporte en su motocicleta. Minutos después, lo asesinaron de varios disparos. La Fiscalía reconstruyó minuto a minuto el homicidio.
El asesinato mezcló persecución, testigos inesperados y una pista balística determinante para ubicar al presunto responsable. Según el expediente judicial, Edwin Julián Arcila Morales, alias ‘Juli’, habría participado directamente en el ataque armado.
El relato presentado ante el juez describe cómo, lo que comenzó en un recorrido rutinario por la ciudad, terminó en una emboscada ejecutada en plena vía pública. De acuerdo con la reconstrucción, todo inició a las 10:01 de la noche.
Peña Bolívar aceptó un servicio de transporte en motocicleta, una actividad con la que generaba ingresos adicionales. El punto de recogida estaba ubicado en la avenida Circunvalar, desde donde comenzó el recorrido hacia el sur de la ciudad.
La motocicleta avanzó por la avenida Belalcázar, atravesó el barrio San Nicolás y posteriormente descendió por la avenida Sur. Fue en ese trayecto, cuando los atacantes iniciaron la persecución.
Al llegar al sector cercano a Homecenter y frente al batallón militar, apareció la motocicleta de los supuestos sicarios. En ella se movilizaban dos hombres. Uno conducía y el otro viajaba como parrillero.
Presuntamente, el parrillero desenfundó un arma de fuego y comenzó a disparar directamente contra el joven deportista.
Los disparos fueron certeros.
La necropsia practicada por Medicina Legal estableció que Juan Esteban Peña recibió tres impactos de bala en la cabeza, heridas que provocaron un trauma craneoencefálico severo y su muerte casi inmediata.
Los proyectiles impactaron el párpado superior del ojo izquierdo, la región malar derecha del rostro y la región temporal derecha.
El testigo
Detrás de las motocicletas transitaba un policía activo acompañado de su esposa. Ambos presenciaron el ataque. Cuando escucharon las detonaciones, el uniformado reaccionó de inmediato. Sacó su arma de dotación y disparó contra los agresores en un intento por detenerlos.
Los atacantes lograron huir, pero las balas del policía terminaron por generar una pista clave. Minutos después del homicidio ocurrió un hecho que llamó la atención de las autoridades.
Un hombre llegó herido por arma de fuego a un centro médico. Aseguró que había sido víctima de un supuesto atraco. Durante la atención médica, los profesionales extrajeron un proyectil incrustado en su tobillo.
El análisis balístico posterior fue determinante. La bala coincidía con el arma del policía que había reaccionado durante el ataque. Al paciente herido lo identificaron como Edwin Julián Arcila Morales, alias ‘Juli’.
La ruta criminal tras el asesinato
La investigación reveló además que, tras el crimen, alias ‘Juli’ abandonó Pereira. Supuestamente, se refugió en Cartago (Valle del Cauca), territorio donde históricamente operan redes criminales vinculadas al grupo delincuencial ‘Los Flacos’.
360 Noticias conoció otros detalles de la investigación, pero aún no confirmados por las autoridades. Supuestamente, el presunto sicario habría intentado ofrecer sus servicios a diferentes estructuras ilegales a cambio de protección frente al avance de la investigación.
Alias Juli, habría buscado acercamientos con integrantes de la organización delincuencial ‘Cordillera’ y con miembros de la estructura conocida como ‘Los Rebeldes’, en un intento por integrarse a redes criminales que le permitieran mantenerse oculto.
Captura y proceso judicial
El 12 de diciembre de 2025, en un operativo policial ubicaron y capturaron a Arcila Morales en Cartago. Posteriormente lo trasladaron a Pereira y lo presentaron ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento.
Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, cargos que llevaron a que se ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.
En una audiencia reciente, el acusado aceptó cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía, lo que podría implicar una reducción de la pena en al menos 18 años de cárcel. La decisión final quedará en manos del juez, que debe determinar si avala el acuerdo judicial o si el proceso continúa.
