Departamento pasó de liderar cifras de mortalidad por desnutrición a desplegar 150 puntos de alimentación.
Risaralda estuvo durante meses entre los primeros lugares del país en muertes por desnutrición infantil. Hoy, la administración departamental asegura que ejecuta un plan integral con seguimiento de la Contraloría para revertir la crisis, especialmente en comunidades indígenas.
La secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social, Litza Roldán, confirmó que la seguridad alimentaria de la población más vulnerable está bajo responsabilidad directa de su despacho, con énfasis en niños indígenas.
Reconoció que el departamento enfrentó un escenario crítico en términos de desnutrición, pero afirmó que actualmente se desarrollan acciones técnicas y sostenidas para reducir los indicadores.
Según explicó, la intervención incluye entrega de suplementos nutricionales, mercados, coladas fortificadas y operación de comedores comunitarios denominados “Puntos a Comer”.
Estas estrategias, señaló, buscan responder a lo ordenado por la Sentencia 187, que obliga a las autoridades a garantizar el derecho a la alimentación adecuada de los niños.
Seguimiento de la Contraloría y cobertura territorial
La funcionaria indicó que la Contraloría General de la Nación realizó seguimiento a la Sentencia 187 y destacó los avances del departamento. Aunque no detalló cifras recientes de reducción en mortalidad, sostuvo que el trabajo ha sido respaldado por equipos técnicos especializados y que el enfoque respeta la estructura cultural de los pueblos indígenas.
Uno de los ejes centrales es el programa “Puntos a Comer”, que actualmente cuenta con 150 sedes distribuidas en todo el departamento. De acuerdo con cifras oficiales, allí se entregan más de 10.556 raciones diarias y, hasta 2025, se han distribuido más de un millón de raciones acumuladas. La mayor concentración de puntos está en Pereira y Dosquebradas, sin excluir municipios de cuarta y quinta categoría ni zonas rurales dispersas.
El acceso al programa está condicionado a criterios de vulnerabilidad: población migrante, desplazada o clasificada en el Sisbén con necesidades comprobadas. La selección de sedes se hace en coordinación con juntas de acción comunal y líderes barriales, quienes identifican espacios y personas encargadas de la manipulación de alimentos.
Roldán subrayó que el modelo también busca impacto económico. Las manipuladoras de alimentos, en su mayoría mujeres cabeza de familia, reciben una oportunidad de trabajo digno, lo que vincula la política de seguridad alimentaria con la generación de ingresos.
