El informe nacional registra 457 amenazas de muerte en contexto preelectoral y advierte cumplimiento estatal de apenas 42%.
La Defensoría del Pueblo dejó claro que el mayor riesgo para las elecciones de 2026 no es la suspensión de la jornada, sino la posible consolidación de una democracia formal sin garantías reales en algunas regiones del país.
Aunque Risaralda no aparece dentro de los departamentos priorizados en la Alerta Temprana Electoral, el informe advierte que el escenario nacional sigue siendo frágil y que ningún territorio puede asumir inmunidad frente a las dinámicas de presión armada y coacción política.
El primer Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025 concluye que la respuesta institucional es insuficiente. De once recomendaciones emitidas en octubre pasado, el cumplimiento global apenas alcanza el 42 por ciento.
La categoría más rezagada, fortalecimiento y respaldo a organizaciones políticas, registra cero avance. Para la Defensoría, esta falta de respuesta estructural es la que pueden aprovechar algunas estructuras criminales.
En el documento se registran 457 amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral. Los departamentos con mayor gravedad son Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Risaralda no aparece en ese listado, ni tampoco en las macrorregiones donde la coacción electoral tiene mayor intensidad, como el Caribe, el Noroccidente y el Suroccidente.
Departamento fuera del foco, pero bajo observación
Que Risaralda no esté incluido en los llamados de acción inmediata o urgente no significa ausencia de riesgo. El informe advierte que las gobernanzas armadas ilegales se expanden de manera silenciosa, regulando comportamientos sociales y políticos sin necesidad de violencia visible.
Expertos consultados por este equipo señalan que los departamentos con aparente estabilidad pueden convertirse en corredores estratégicos para financiación o logística electoral irregular.
El índice de cumplimiento estatal muestra cifras dispares: 52 por ciento en prevención y protección, 55 por ciento en investigación y acceso a la justicia, 65 por ciento en acciones de la fuerza pública, pero apenas 29 por ciento en articulación interinstitucional.
La descoordinación entre entidades es uno de los puntos críticos que señala la Defensoría. El organismo también advierte sobre riesgos para periodistas y servidores públicos, en un contexto de polarización creciente.
La presión indirecta, las campañas de estigmatización y las restricciones informales a la movilidad son formas de constreñimiento que no siempre quedan registradas en estadísticas oficiales.
Para Risaralda, el mensaje es preventivo: fortalecer las comisiones de seguimiento electoral, blindar la seguridad en zonas rurales y garantizar que candidatos y electores puedan ejercer sus derechos sin intimidaciones.
